Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, en el Pleno del Congreso. (Foto: Congreso)
En concreto, el contrato contempla el diseño de un sistema de auditorías para evaluar la adecuada gestión de los fondos del Plan de Recuperación y el cumplimiento y no revocación de hitos y objetivos recogidos en él, siempre en relación con las medidas en las que participa el Ministerio de Trabajo.
Según consta en la memoria justificativa del contrato, a la que ha tenido acceso Europa Press, este sistema de auditorías tendrá por objeto verificar, por un lado, la exactitud y veracidad de la información contenida en los informes de gestión sobre el cumplimiento de hitos y objetivos, así como de la información del gasto verde acumulado total desembolsado.
También se pretende comprobar que los fondos se han utilizado para los fines previstos y que se ha actuado de acuerdo a los preceptos legales, en particular a las normas sobre prevención de conflictos de intereses, fraude, corrupción y doble financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros programas de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, es parte de este contrato verificar que el Ministerio y las entidades ejecutoras dependientes disponen de sistemas de control de gestión que garantizan el buen uso de los fondos, así como la realización de un programa piloto del sistema de auditorías donde se examine la ejecución de algunas actuaciones específicas incluidas en el Plan de Recuperación.
“La necesidad que se pretende cubrir es la de establecer un mecanismo de control que permita al Ministerio realizar una verificación exhaustiva de que la ejecución de los fondos se realiza de conformidad con la normativa europea, en especial con lo dispuesto en el Acuerdo de Financiación del Plan de Recuperación, a tal nivel de detalle que la Subsecretaría, como órgano decisor y ejecutor, y en el primer nivel de control, tenga las herramientas necesarias para poder examinar todos los niveles de ejecución de fondos bajo su responsabilidad”, se apunta en la memoria del contrato.
El plazo de ejecución máximo del contrato, que se ha adjudicado por procedimiento acelerado, será de 15 semanas.
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