Torra impondrá por decreto ley el confinamiento en Lleida

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, acompañado por el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha rechazado la decisión judicial: «No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. No la aceptamos. Asumiremos las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas».

Según Torra, las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados, y por ello ha pedido a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones del Govern y no las del juzgado «por su bien».

Con el decreto ley, que aprobarán en un Consell Executiu extraordinario, quieren dar más fuerza a las medidas adoptadas en el Segrià que siguen considerando «vigentes», y superar así a la resolución judicial.

El presidente de la Generalitat ha recalcado que no aceptarán presiones de ningún tipo, y que seguirán tomando las decisiones que consideren en base a criterios epidemiológicos y de los expertos «como han hecho en otros lugares, incluso más restrictivas, como es el caso de impedir el derecho a voto en Euskadi y Galicia, y no ha habido ningún impedimento».

«Si algo no se le puede negar a este Govern es que siempre nos hemos avanzado para tomar las decisiones que en cada momento hemos considerado necesarias para nuestros conciudadanos», ha reivindicado, tras recordar que, en su momento, decretaron el confinamiento domiciliario mientras que el Estado tardó 20 días en dictarlo.

«Si creemos que hay que hacer un confinamiento domiciliario estricto, lo decretaremos. Ahora estamos justo en la fase previa en el Segrià de hacerlo», ha avisado Torra, que no entiende que decisiones tomadas en pro de la salud de los ciudadanos puedan topar con obstáculos burocráticos.

L’HOSPITALET Y LLEIDA

Preguntado sobre la situación en L’Hospitalet de Llogregat (Barcelona), le constan durante todo el fin de semana «comunicaciones cruzadas» entre la alcaldesa, Núria Marín, y las conselleras de Presidencia y Salud, Meritxell Budó y Alba Vergés, y que este lunes se están produciendo conversaciones y se tomarán decisiones en las próximas horas para la ciudad.

Ha enumerado que a la hora de delimitar la Conca d’Òdena el Govern no tuvo problemas, tampoco para el perímetro de Lleida de hace una semana: «Quizás quién tiene problemas es el fiscal o la juez que ha decidido dar este paso», y ha instado a superar este estadio y reforzar la seguridad jurídica con este decreto ley que debe dar cobertura jurídica a las decisiones del Govern, sin tener que pedir al Congreso un estado de alarma para esta zona.

ESTADO DE ALARMA

El vicepresidente Aragonès, preguntado por la posibilidad de un estado de alarma parcial, lo ha descartado al considerar que Cataluña tiene los instrumentos necesarios para gestionar la situación: «No tenemos ninguna razón para avanzar en este sentido».

«Es hora de exigir a todos los poderes públicos la colaboración. Que nadie juegue a un debate competencial con la salud», ha reclamado, tras defender que han tomado las decisiones en base a las potestades legales que tienen reconocidas.

«Lo prioritario no es si la Generalitat tiene la razón en el procedimiento, que la tiene, sino la salud de la ciudadanía», ha afirmado, y ha compartido con Torra que la vida y la salud prevalecerán ante cualquier otro criterio.

También ha recordado que se ha constituido un comité de emergencia territorial en Lleida para que las autoridades del territorio puedan participar en las decisiones, y ha pedido comprensión ante unas decisiones que, ha admitido, no gustan a nadie.

Además, para mitigar el impacto de las medidas impulsadas por la Generalitat para hacer frente al coronavirus sobre los sectores del comercio y la restauración del Segrià, el Govern ha anunciado ayudas directas de cuatro millones de euros: «Son ayudas ampliables que se irán adaptando a las necesidades de cada momento».