La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, Podemos y sus confluencias, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del PP hace ahora cinco años, bajo la batuta de la exministra Ana Mato.
Según la plataforma de asociaciones por la universalidad sanitaria, toda la oposición en el Congreso salvo Ciudadanos se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para “garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho”.
La reforma sanitaria del primer año de gobierno de Rajoy redujo la cartera básica de servicios de la Seguridad Social, aumentó los copagos y determinó la exclusión sanitaria de diversos colectivos. Los más afectados fueron los inmigrantes en situación administrativa irregular, y desde entonces varias Comunidades Autónomas han revertido su salida de la sanidad gratuita. Otras como Madrid, han ordenado no aplicar de facto esa parte de la reforma y atender a toda la población empadronada, pero sin volver a incluir a la población migrante en el sistema sanitario de manera automática, como se hacía hasta 2012.
“Son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.
https://twitter.com/MedicosdelMundo/status/907561434908938242
En este sentido, no es de extrañar que la formación que lidera Albert Rivera no se haya sentado a la misma mesa que estas 70 organizaciones, puesto que la medida más polémica de la reforma de Ana Mato es la exclusión de los ‘sin papeles’ y el fin de la universalidad sanitaria en España: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”, defendía recientemente el líder naranja, mostrando su afinidad con los populares al respecto.
“Los inmigrantes sin papeles tienen derecho a la sanidad básica, lo que tienen que conseguir es un permiso de residencia o un permiso de trabajo”, afirma Rivera, en referencia a la obligación de atender a cualquier persona en los servicios de urgencias.
La realidad es que el Gobierno acometió la reforma sin aportar memoria económica que justificara los recortes adoptados. “Dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas -el propio Ejecutivo cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas-, y vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio”, denuncia REDER en el pacto firmado por los partidos de la oposición.
En estos cinco años se han generado multitud de escenarios en respuesta a la reforma de Mato: desde muestras de resistencia y objeción de conciencia de profesionales médicos informes con abultadas facturas a personas sin documentación en regla tras haber sido atendidas por la sanidad pública y que no contaban con medios para pagarlas .
Sin olvidar la rebelión de las comunidades autónomas, algunas de ellas gobernadas por el propio PP, como Castilla y León, donde nunca se dejó de ofrecer la totalidad de la cartera de servicios a todos los empadronados, incluida la atención especializada y las pruebas diagnósticas. También en Murcia, donde curiosamente Ciudadanos sostiene al gobierno popular y ambas formaciones decretaron en 2015 devolver la cobertura completa a las personas sin documentación.
Las asociaciones de afectados por la exclusión consideran que ha sido esta resistencia social a la exclusión de los inmigrantes la que ha logrado “que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana”, explican,
El “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).
Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.
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