Así se desprende de un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que señala que Madrid y Aragón lideran la reducción de rentas mínimas desde la implantación del IMV, con un recorte del 81,2% y del 84,5% en 2022, respectivamente. Por detrás, Castilla-La Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,6%) y Murcia (-55,2%).
Esta situación choca con la de otras autonomías, donde el gasto en esta partida sube. Así, Canarias aumenta su cuantía un 126,7%, Baleares lo sube un 87,3%, Cataluña un 23,3% y Comunidad Valenciana un 10,81%.
“La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades”, afirma la asociación, “supone que en los dos años trascurridos desde la aprobación del ingreso mínimo se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros”. Según critica, muchas regiones “destinaron su ‘ahorro’ en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”.
De acuerdo al citado informe, sólo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las rentas mínimas que ofrecen las comunidades. “Un porcentaje que, salvo en el año de la pandemia (2020), desde 2015 se está reduciendo, tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%”, señala.
Cobertura por CCAA
Respecto a esto, Navarra y País Vasco destacan entre el resto. En ellas, más de la mitad de su población por debajo del umbral de la pobreza recibe la RMI: el 52,8% y el 52,1%, respectivamente. Tras ellas, Asturias y Cataluña, con el 22,5% y el 15,1%. Frente a esto, en cuatro comunidades sus rentas mínimas ni siquiera alcanzan al 2,5% de las personas pobres. Son Madrid (2,4%), Murcia (1,6%), Andalucía (1,6%) y Castilla La Mancha (0,6%).
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 13,9% de la renta media por hogar en nuestro país. “Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año”, lamenta la asociación.