Silla de ruedas
De acuerdo a los datos de esta asociación, Cataluña se sitúa a la cabeza en cuanto a las comunidades que han disminuido en 2022 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia respecto al año anterior. Recortó 57,3 millones de euros. Por detrás, Cantabria (-8,7), Asturias (-10,8), Comunidad Valenciana (-40,6), Andalucía (-51,6), Extremadura (-11), Madrid (-15), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1).
El año pasado la inversión pública en dependencia ascendió a 10.234 millones. De ellos, explican las directoras y los gerentes de servicios sociales, las regiones financiaron el 74%, con 7.573 millones (un 1,27% menos de gasto que en 2021). Frente a esto, la aportación estatal se sitúa en el 26%, con 2.661 millones (si incluimos el cupo vasco y la aportación Navarra), una subida del 33,6% respecto al año anterior.
Precisamente, desde esta asociación apuntan que tras el incremento en la financiación aportada por el Gobierno mediante el plan de choque algunas comunidades aprovecharon para retirar parte de su financiación. El peso de las CCAA en la financiación cae más de un 10% entre los años 2021 y 202 frente al refuerzo de la Administración General del Estado (AEG).
El reparto de la financiación entre la AGE y las CCAA muestra “grandes diferencias” entre los territorios. País Vasco (86%), Baleares (83%) y Navarra (81,5%) financian en mayor proporción sus sistemas. Por su parte, Galicia (64,8%), Andalucía (66,8%) o Castilla y León (67,2%) se sitúan lejos de la media del conjunto de España, que en 2022 es del 74%,
El gasto medio por persona beneficiaria en el sistema, recoge el informe de la asociación, se sitúa en 2022 en 8.135 euros para el conjunto de España. No obstante, hay “grandes diferencias” entre territorios.
En este sentido destacan País Vasco (13.390) Extremadura (11.264) y Navarra (11.174) frente a Andalucía (6.547) Castilla y León (6.716) Galicia (6.953) y Murcia (6.984). Estas últimas “mantienen unos niveles de gasto difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes”.
Asimismo, las directoras y los gerentes de servicios sociales cifran en 45.360 las personas que fallecieron el pasado año en las listas de espera de la dependencia. O lo que es lo mismo, cada 12 minutos muere una persona esperando la prestación.
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