Temer pone Brasil a la venta

El 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño condenaba a Dilma Rousseff al abandono definitivo de la presidencia por graves irregularidades fiscales. Definido como ‘impeachment’, Rousseff daba el testigo del país a Michel Temer, a quien acusó de ser la cara de un “golpe de Estado” que pretendía revertir las políticas sociales en favor de las clases más privilegiadas de Brasil.

Un año después, Temer mantiene la aprobación popular por los suelos (menos del 10%) y la desigualdad ha incrementado por primera vez en décadas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la desigualdad ha crecido un 1,6% en menos de un año.

Los datos responden a la crisis galopante que sufre el gigante latinoamericano – retroceso del 7,4% en el PIB desde 2015 – y a las políticas adoptadas por el Ejecutivo brasileño. Recorte en gasto público (prestaciones a las clases bajas, asistencia social, salarios, pensiones) sin aumentar los impuestos a las clases más pudientes.

Según los economistas del Instituto de Investigación de Economía Aplicada (IPEA), un impuesto del 15% simplemente a los dividendos podría generar un ingreso a las arcas de casi 17.000 millones de dólares al año.

Sin embargo, la política de ahorro de Temer, perseguido por casos de corrupción, como sucede a ocho ministros de su Ejecutivo, es adelgazar el Estado.

Brasil está a subasta

En aras de recaudar 14.000 millones de dólares, Michel Temer ha decidido esta semana poner en marcha un plan de privatización que pasa por subastar 57 activos estatales. Yacimientos petrolíferos, líneas de transmisión de energía, puertos, autopistas, el aeropuerto de la ciudad de São Paulo (Congonhas), plantaciones de menta y hasta la lotería estatal, un servicio que no genera pérdidas al Estado.

Los funcionarios también tienen la intención de vender las participaciones minoritarias del aeropuerto de Brasilia, São Paulo (Guarulhos) y Galeão de Río de Janeiro y la mayor empresa de energía del país, Electrobrás. Aunque en este caso asegura que mantendría la ‘acción oro’ para poder seguir siendo influyente sobre ella.

El Gobierno espera conseguir de esta forma liquidez para sus arcas públicas en un momento en el que Brasil enfrenta un abultado déficit fiscal. Los mercados han aplaudido las decisiones de Temer. Las calles, no.

Philip Alston, el Relator Especial de la Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló al New York Times estas medidas pondrían a Brasil “en una categoría única de regresión social”.

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