El fundador de Telegram, Pavel Durov (Foto: Dmitry Orlov)
Durov ha advertido de que las iniciativas planteadas por el Ejecutivo suponen “pasos hacia el control total” y ha asegurado que este tipo de políticas responden a un patrón ya conocido, en el que los gobiernos utilizan la seguridad como argumento para censurar a sus críticos.
El empresario ha defendido el modelo de Telegram, basado —según ha subrayado— en cifrado fuerte, ausencia de puertas traseras y resistencia al exceso regulatorio, en contraste con el enfoque que plantea el Gobierno español.
El fundador de Telegram sostiene que las nuevas normas erosionan el anonimato y facilitan la recopilación masiva de datos personales
Uno de los principales focos de crítica de Pavel Durov es la verificación de edad obligatoria que implicaría la prohibición de redes sociales a menores de 16 años. A su juicio, este sistema obligaría a las plataformas a implantar controles estrictos, como el uso de DNI o incluso datos biométricos.
Según el fundador de Telegram, este requisito establece un precedente peligroso al permitir el rastreo de la identidad de cada usuario, lo que acabaría erosionando el anonimato en internet y abriendo la puerta a una recopilación masiva de datos. Durov ha advertido de que lo que empieza aplicándose a los menores podría extenderse posteriormente al conjunto de la población.
Durov alerta de que las medidas que se anuncian para proteger a los menores podrían acabar aplicándose a todos los usuarios
El presidente del Gobierno también ha anunciado que el Ejecutivo prepara una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables cuando incumplan órdenes de retirada de contenidos ilícitos.
Para Durov, esta posibilidad tendrá un efecto inmediato de sobrecensura, ya que las plataformas optarían por eliminar cualquier contenido mínimamente controvertido para evitar sanciones o penas de cárcel. En su opinión, esta dinámica acabaría silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas.
El fundador de Telegram considera que la amenaza penal empujará a borrar contenidos legítimos por miedo a sanciones
Durov también ha puesto el foco en la idea de criminalizar la amplificación de contenidos considerados perjudiciales, una medida que, según denuncia, permitiría a los gobiernos dictar lo que los ciudadanos pueden ver y enterrar opiniones contrarias al discurso oficial.
A su juicio, este enfoque favorece la creación de cámaras de eco controladas por el Estado, en las que el debate abierto y la exploración libre de ideas quedarían sustituidos por contenidos filtrados y dirigidos.
Por último, el fundador de Telegram ha alertado sobre la obligación de las plataformas de monitorizar y reportar contenidos que supuestamente “alimenten la división”. Durov ha señalado que las definiciones imprecisas de “odio” podrían utilizarse para etiquetar críticas al Gobierno como discursos divisivos, dando lugar a cierres de cuentas o multas.
En su opinión, este tipo de herramientas pueden convertirse en un mecanismo eficaz para suprimir a la oposición, bajo el pretexto de proteger a la sociedad.
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