El Rey emerito Don Juan Carlos I y la Reina Sofía
De hecho, aseguran que sólo la apertura de un proceso penal habría impedido la apertura de esa investigación y que la Fiscalía Anticorrupción esperaba ya en septiembre de 2018 que la Agencia Tributaria la hubiera emprendido.
En este sentido, Gestha afirma en un comunicado que en el informe de 7 de septiembre de 2018, de los dos fiscales anticorrupción al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la Pieza Separada de investigación «Carol» de las Diligencias Previas n° 96/2017, expresaron que: «Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delitos fiscales.»
Añaden que el mismo día, el Juez Central número 6 levantó el secreto de esta pieza y dictó el sobreseimiento provisional, y la Fiscalía cerró esta investigación que, según afirman los Técnicos de Hacienda, «habría podido concluir en el descubrimiento de posibles delitos fiscales del Rey emérito que, obviamente, ni siquiera podía notificarle por estar aforado al Tribunal Supremo».
Por tanto, Gestha califica de «simples excusas» la afirmación de algunos portavoces de que la Agencia Tributaria no podía actuar, pues la vía de iniciar una inspección tributaria «siempre ha estado abierta porque en ningún momento ni el Tribunal Supremo ni la Fiscalía han notificado al Rey emérito ninguna investigación para averiguar posibles delitos fiscales».
Recuerda, además, que tanto el principio de no duplicidad sancionadora, derivado del artículo 25 de nuestra Constitución, como el de litispendencia penal, del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están referidos al procedimiento penal.
Así, afirman que la actividad investigadora de la Fiscalía tiene carácter de «preprocesal», por lo que no puede extenderse a la misma la incompatibilidad entre el procedimiento penal y el administrativo.
Gestha entiende que la Ministra de Hacienda pudo recibir una «información incorrecta», a la vista de las declaraciones que efectuó ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al «utilizar excusas no fundamentadas para justificar que no se hubieran abierto inspecciones». Estas excusas, añaden, también se han repetido para «ocultar la falta de eficacia de la AEAT para reducir la economía sumergida y mantener las limitaciones en la lucha contra el fraude fiscal».
Igualmente, los Técnicos de Hacienda rechazan totalmente las propuestas, que se han conocido, de sustituir a Fiscales en la persecución del delito contra la Hacienda Pública, duplicar estructuras administrativas, o incluir en inspección a los ciudadanos que esté investigando la Fiscalía por delitos fiscales.
Según el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, los técnicos del Ministerio de Hacienda están convencidos de que simplemente tratando a todos los contribuyentes de la misma manera puede disminuir la percepción social de que existen ‘escudos fiscales’ y «de que no es en absoluto necesario aumentar el gasto administrativo, ni tutelar el trabajo de la Fiscalía, ni atribuirse competencias del Ministerio del Interior».
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