¿Taxis y VTCs en lugar de autocares y ambulancias?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda a las administraciones públicas que cuenten con el taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), aquellos que operan mediante plataformas como Uber y Cabify, en vez de con autobuses o ambulancias para atender determinadas rutas de transporte escolar, sanitario o laboral.

El ‘superregulador’ considera que, de esta forma, se garantiza un servicio de calidad a los usuarios, al tiempo que se reduce su coste para las arcas públicas. Para la CNMC las rutas de transporte escolar en las que los vehículos de turismos pueden ser “más convenientes”, pueden ser aquellos de “zonas rurales con baja densidad de población”. Es decir, en la España vaciada.

En el caso del transporte sanitario, recoge Europa Press, la Comisión apunta a la asistencia programada a centros hospitalarios para recibir tratamientos como diálisis, radioterapia o rehabilitación. También lo estima óptimo para el desplazamiento regular de empleados públicos.

El estudio de la comisión parte de las “quejas” que asegura haber recibido en los últimos años de operadores de transporte que consideran que las administraciones competentes les excluyen “injustamente” de los concursos públicos para realizar este tipo de traslados. En su informe, constata que, en España, las rutas de transporte escolar y laboral se realizan “mayoritariamente en autocares”, y las sanitarias, “en ambulancias”.

Así, tras analizar medio centenar de licitaciones de este tipo de transportes realizadas por las administraciones en los últimos años, la CNMC concluye que en alguna de ellas “se ha restringido la participación de operadores, resultando en ocasiones perjudicados los taxis y los operadores de VTC”.

Competencia recomienda “evitar las discriminaciones entre licencias de taxi y VTC, y que el operador tenga que disponer de una licencia local de transporte”. Asimismo, insta a las administraciones a no imponer un determinado vehículo en función del número de pasajeros de la ruta, a “aclarar” la regulación del transporte sanitario no asistido y no urgente, y, además, a fijar una duración de las adjudicaciones del servicio “que no resulte excesiva en función de las inversiones que haya que realizar”.

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