juzgados de plaza de castilla
Este lunes estaba previsto que comparecieran ante el juzgado tres figuras clave en la gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia: Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Antonio Burgueño, todos citados como investigados. Sin embargo, sus declaraciones han sido suspendidas debido a que sus defensas alegaron no haber recibido traslado de las actuaciones.
El auto de citación, expedido el 1 de abril, motivó la sorpresa de las acusaciones particulares, quienes afirmaron haber tenido acceso al expediente desde hace semanas. Los abogados de las familias consideran que esta maniobra responde a una estrategia para dilatar el proceso judicial.
“Nosotros sí teníamos acceso al expediente; esto es una maniobra dilatoria”, denunció la abogada Alejandra Jacinto
Los investigados tienen un papel relevante en la toma de decisiones durante los momentos más duros de la pandemia. Carlos Mur fue el director general de coordinación sociosanitaria y firmó los polémicos protocolos que impedían derivaciones hospitalarias. Su sucesor, Martínez Peromingo, era entonces responsable médico de 47 residencias del área del Hospital de Móstoles. Burgueño, por su parte, fue asesor sanitario y autor del llamado Plan de Choque.
En palabras del propio Burgueño, tras la suspensión:
“En la España de hoy, las víctimas y los acusados estamos en el mismo sitio, un poco confundidos”
Mientras en el interior se suspendían las declaraciones, decenas de personas se manifestaban frente a los juzgados de Plaza de Castilla, convocadas por las asociaciones 7.291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias. Reclamaban justicia por los miles de fallecidos sin atención médica durante la primera ola.
La pancarta con el número 7.291 —el número de muertos sin derivación hospitalaria según cifras iniciales del Gobierno regional— fue protagonista de la concentración. Aunque esa cifra fue rebajada a 4.100 en marzo de 2025, las familias consideran que la verdad aún no se ha esclarecido.
“La Comunidad de Madrid ha insultado a las víctimas, intentado desacreditarnos y despreciado nuestro dolor”, declaró Maite Rodríguez, portavoz de 7.291, que perdió a su madre en una residencia
La causa fue reabierta gracias a una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de víctimas, tras haber sido archivada hace casi tres años. La acusación se dirige contra varios altos cargos del Ejecutivo regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, por presunta discriminación en la asistencia sanitaria, delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal.
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