Yolanda Díaz, en la presentación del informe de los expertos / Foto: Sumar
El enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Sumar, sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue intensificándose. La decisión del Ministerio de Hacienda, dirigida por María Jesús Montero, de mantener el pago del IRPF sobre el salario mínimo se ha convertido en un punto de tensión política que amenaza con abrir fisuras en la coalición. Sumar defiende la exención fiscal para quienes perciben el SMI por considerarlo un acto de justicia social, mientras los socialistas argumentan razones de sostenibilidad fiscal para mantener el actual régimen tributario.
Desde el Ministerio de Hacienda reiteran que la exención del SMI supondría una pérdida de ingresos de 2.000 millones de euros para las arcas públicas. Por ello, los socialistas ya han anunciado que utilizarán su capacidad de veto para frenar cualquier iniciativa que busque liberar al salario mínimo del pago del IRPF. Argumentan, además, que el constante incremento del SMI en los últimos años exige la tributación para garantizar su sostenibilidad futura.
«La exención fiscal del salario mínimo supondría una pérdida de 2.000 millones de euros anuales, según el Ministerio de Hacienda»
La formación liderada por Yolanda Díaz insiste en que su propuesta, presentada el 21 de febrero, es la única que aborda adecuadamente el problema y reivindica que los trabajadores con ingresos mínimos queden exentos del IRPF. Aunque prefieren alcanzar un consenso con el PSOE dentro del Ejecutivo, no descartan votar junto al Partido Popular en la Mesa del Congreso para levantar el veto socialista. Sin embargo, niegan que exista una negociación directa con los populares.
«Sumar asegura que agotará todas las vías de negociación, pero está dispuesto a romper el veto del PSOE junto al PP si es necesario»
En medio de este pulso político, desde Sumar aseguran que María Jesús Montero no muestra voluntad real de pactar, complicando las negociaciones internas del Ejecutivo. Sin embargo, el grupo plurinacional afirma que la discrepancia puntual con el PSOE no afecta a la estabilidad del Gobierno de coalición, calificando la diferencia como legítima y coherente con la autonomía de cada partido.
El Gobierno dispone de 30 días desde la publicación de la propuesta de ley en el Boletín Oficial de la Cámara para decidir sobre su veto. La tensión podría alcanzar su máximo nivel si finalmente Sumar y PP unen fuerzas en la Mesa del Congreso, una situación inédita que reflejaría las profundas diferencias ideológicas existentes dentro de la coalición en política fiscal.
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