Suma y sigue para Íñigo de la Serna: la estiba, Correos y ahora el taxi

Los funcionarios del Ministerio de Fomento sentirán cierta envidia cuando compartan y escuchen las experiencias de sus homólogos en otras sedes ministeriales. En las últimas semanas, ningún otro ministerio – a excepción del de Justicia – está recibiendo tantas críticas y atención como el de Fomento.

Al frente de todo, Iñigo de la Serna, un político ‘nuevo’ que en los últimos meses ha explotado su popularidad. No necesariamente a mejor. Inicialmente fue el decreto ley de la reforma del sector de la estiba el que le dio a conocer. Con el objetivo de cumplir las exigencias de los tribunales europeos, De la Serna acabó aprobando a la segunda el decreto con el apoyo de Ciudadanos, PNV y PDeCAT.

Los estibadores consideran que la medida del Gobierno liberalizará el sector y pondrá en riesgo la estabilidad y el salario de sus empleos. La postura del Ejecutivo en este asunto ha sido muy criticada por los trabajadores y por gran parte de la sociedad, que han respondido con vehemencia a la insinuaciones que tildaban a los estibadores como una suerte de privilegiados.

“No son derechos, son privilegios”, se ha argumentado desde varios campos mediáticos.

¿Privatizar Correos?

La idea parece descabellada, pero las decisiones que ha tomado Iñigo de la Serna respecto al servicio de Correos han despertado las sospechas de algunos trabajadores. Varios representantes sindicales han planteado la posibilidad que detrás del recorte de 60 millones de euros en la financiación de Correos haya un interés por beneficiar a las empresas de mensajería privada.

El 85% de la representación sindical de Correos, CCOO, UGT, CSI·F y Sindicato Libre asegura que no entiende por qué sino el Ministerio de Fomento ha planteado ese recorte en el borrador de los presupuestos de este año. Precisamente en un momento en el que el Gobierno pregona “plena recuperación económica”. De hecho, los sindicatos recuerdan que durante la recesión no se produjo ninguna medida de este calado.

De llevarse a cabo, “la viabilidad económica de una empresa como Correos cuyo recorte en la financiación ahondará, aún más, en su fragilidad empresarial y económica”, aseguran los sindicatos. Magnífica baza para los lobbies privados “poco o nada interesados” en que Correos tenga un proyecto estratégico sólido y con financiación suficiente.

Con ese temor, y la pérdida de sus derechos, los trabajadores ya han anunciado que posiblemente llevarán a cabo movilizaciones si Fomento no da marcha atrás. Algo que, a tenor de lo expuesto por el propio de la Serna en el Senado, no parece que vaya a ser posible. El ministro justificó el recorte «en la necesidad de contener el gasto y la deuda pública».

Ahora, los taxis

La ley solo permite una licencia VTC por cada 30 taxis. Y en estos momentos, el ratio en Madrid es de una licencia por cada 7 taxis. 2.210 vehículos de alquiler con conductor frente a 15.723 taxis. Ese es uno de los principales problemas que vive el sector del taxi.

Ese y la falta de regulación con la que imperan los conductores privados adheridos a las plataformas digitales como Uber y Cabify. La regulación es más suave en estos casos e incluso los impuestos que generan estas compañías son tributados en su mayoría en el extranjero.

Ante esta falta de ‘limpieza’ competitiva, y sobre todo, ante el riesgo de debilitar las condiciones laborales y salariales, los taxistas de toda España convocaron este martes la primera huelga de varias que podrían sucederse en los próximos días. Exigen medidas contundentes a las administraciones locales y estatales, que corren a cargo del Ministerio de Fomento.

Entre otras cosas, exigen mayor vigilancia y control en el reparto de licencias VTC, ya que estas son las licencias con las que operan los chóferes que trabajan luego para Uber y Cabify.

De la Serna asegura que en este conflicto laboral su postura está del lado de los taxistas y asegura que mantendrá el actual régimen jurídico de las autorizaciones de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC). Esto es, de una licencia por cada 30 taxis. Aunque visto lo visto en Madrid, esa ley no parece que cuente con la mejor de las vigilancias.

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