S&P alerta del riesgo político en España y critica la reforma de las pensiones

En su análisis, Marko Mrsnik, responsable de ratings soberanos para Europa de S&P Global, afirma que las reformas deberían tener el objetivo de mejorar la productividad de la economía, pero la situación política actual, sin mayoría del Gobierno en el Parlamento «complica bastante las cosas», incluida la tramitación de presupuestos y los debates.

«En nuestra opinión, esta situación afecta también a la profundidad de las reformas, lo que impide que estas sean más estructurales, como la del mercado laboral o de las pensiones», ha indicado.

En el caso de la reforma de las pensiones, el experto no ha dudado en afirmar que «no es suficiente» para contener el impacto del envejecimiento sobre las finanzas públicas, «no es estructural».

De hecho, Mrsnik ha criticado que, al eliminar el factor estructural de sostenibilidad establecido en 2013, se trata más bien de una «reforma paramétrica que retrasa las reformas estructurales necesarias» para abordar un desafío irreversible como es el impacto del envejecimiento de la población en las cuentas públicas.

En su opinión, es un reflejo de la situación política desde hace años en España, donde parece que «falta fuerza política para enfrentarse a los problemas de manera estructural y con anticipación», lo que es mejor para el equilibrio entre generaciones, apuntando a este respecto que, la edad media de los votantes no dejará de subir y sin un acuerdo político amplio será complicado acometer los cambios necesarios.

Por otro lado, el experto ha señalado que la agencia considera positivo el enfoque en reducir la temporalidad de la reforma laboral pactada por el Gobierno, aunque ha subrayado que falta aún por ver el efecto de las medidas de políticas activas de empleo en la reducción del paro, que España lidera en la eurozona.

S&P Global Ratings tiene previsto realizar una primera evaluación de la nota de solvencia de España el próximo 18 de marzo, que repetirá el 16 de septiembre de 2022. Actualmente, la agencia asigna a la deuda soberana española a largo plazo un rating ‘A’, equivalente a un notable, aunque es al único emisor de la eurozona al que asigna una perspectiva ‘negativa’.

En sus últimas proyecciones macroeconómicas, publicadas el pasado mes de noviembre, la agencia pronosticó para España un crecimiento del PIB del 7% en 2022, frente al 4,5% proyectado para el año pasado, mientras que en 2023 espera que la economía crecerá un 4,4% y un 2,4% en 2024.

DEPENDENCIA DE LA POLÍTICA MONETARIA.

Además del riesgo político, en su análisis de la solvencia de la deuda española la calificadora de riesgos señala la dependencia de España del ciclo económico para la consolidación presupuestaria y la estabilización de la deuda hacia niveles sostenibles.

De este modo, S&P Global prevé una reducción del déficit público hasta el 5% del PIB en 2022, aunque advierte de que los desequilibrios de la Seguridad Social persistirán ante la insuficiencia de la reforma de las pensiones.

«Ahora mismo la sostenibilidad de las finanzas públicas está basada en la política monetaria, pero en el futuro esta debería apoyarse en el crecimiento y la consolidación presupuestaria», ha señalado Mrsnik.

En este sentido, ha advertido del posible estancamiento del impulso para reducir el endeudamiento «incluso ya el año que viene» en ausencia de medidas presupuestarias estructurales encaminadas a la reducción del déficit.

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

Por otro lado, la agencia ha recordado que la pasada primavera ya estimaba un impacto positivo en el crecimiento de entre el 3% y el 10% de los fondos europeos en España, añadiendo que era previsible un retraso en la ejecución de los mismos, pero apuntando que en su análisis del rating esto solo tendría reflejo en la evaluación del impacto de los retrasos en las perspectivas de crecimiento de los países.

«Creemos que la adopción de un plan de recuperación europeo es algo muy positivo y es un elemento positivo para los ratings, lo que ha contribuido a que no se hayan visto perjudicados», ha añadido Mrsnik.

No obstante, en el caso particular de España, ha señalado que confía en que en 2022 habrá una aceleración de la ejecución, después del retraso de 2021, un cierto bloqueo administrativo y de planificación que debería resolverse y en el que las comunidades autónomas recibieron en 2021 fondos que no pudieron gastar. «No nos preocupa especialmente», ha añadido.

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