El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha intervenido este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2017. Su versión del estado social se centró “en la desigualdad generada por la crisis económica, puesta de manifiesto por los ciudadanos en sus quejas”, y una realidad que “no se puede ignorar”.
La Institución tramitó 25.776 expedientes y formuló 2.338 resoluciones a las administraciones, y los protagonistas no fueron otros que “el mal funcionamiento de los servicios públicos y los problemas derivados de la crisis económica”.
Fernández Marugán destacó ante la Cámara baja que “han faltado fondos para inversiones en colegios, hospitales, viviendas y servicios sociales”. Considera que “a pesar de que la economía está en un claro proceso de recuperación, los indicadores de paro, precariedad y pobreza laboral muestran que los beneficios se están repartiendo de forma muy desigual”.
Por eso, y tras destacar que otros organismos como el Banco de España, la OCDE, la ONU o el FMI coinciden con este diagnóstico, Fernández Marugán ha abogado por “un reparto más justo que ayude a quienes están en situación de desprotección social”. A su juicio, “ha llegado el momento de curar las heridas que la crisis abrió y que todavía no están cerradas”.
En este contexto, ha señalado que “existen situaciones de desprotección ante las que no debemos resignarnos”. Aludió a los parados de larga duración, los trabajadores pobres, las familias con todos sus miembros en paro y las que no llegan a fin de mes. También destacó la situación de los jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación por desempleo, los jubilados, las personas dependientes y los niños y niñas en situación de pobreza.
“La desigualdad sólo podrá corregirse mediante una política activa, decidida y continuada de redistribución de la renta, ya que no se puede suponer que por el simple hecho de haber salido de la crisis, la desigualdad se vaya a reducir por sí sola”. En el Congreso, el Defensor reivindicó la importancia de los derechos económicos y sociales recogidos en la Constitución y ha asegurado que su labor es defenderlos.
Igualmente, criticó “que en pleno siglo XXI siga existiendo discriminación laboral y brecha salarial entre mujeres y hombres”. En este sentido mostró su preocupación por la violencia machista “que desde 2003 ha dejado más de mil mujeres muertas y que cada año deja a muchas niñas y niños huérfanos” y recordó a los ocho menores que fueron asesinados por su padre maltratador el pasado año y ha vuelto a insistir en que “un maltratador no puede ser un buen padre”.
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