Siete de cada diez jueces españoles creen que los ascensos no se otorgan por currículum

De media, hasta un 22% de los jueces europeos creen que las razones para nombrar a miembros de la carrera judicial no son criterios de aptitud y experiencia, y hasta un 38% consideran que los ascensos se producen por otros motivos.

Pero el fenómeno es mucho más alarmante en España, donde el 65% de los magistrados cree que los nombramientos no se dirimen por experiencia y valía. El dato empeora cuando hablamos de medrar: hasta 7 de cada 10 jueces consideran que los ascensos en la carrera judicial se deciden por motivos distintos al currículum de los promocionados. Es el mayor porcentaje de entre todas las nacionalidades. En cinco países europeos menos del 10% de los jueces piensan así, y sólo un 5% de los magistrados daneses creen que los nombramientos y ascensos se otorgan por causas ajenas a la trayectoria laboral.

Son los datos que arroja la segunda encuesta bianual de la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ), para los años 2016 y 2017, y en la que han participado 718 jueces españoles de un total de 11.712 jueces de 26 países.

Otro indicador que tumba la percepción de independencia judicial a ojos de los propios magistrados españoles es el del reparto de casos judiciales: casi dos de cada 10 jueces afirman haber sido testigos de asignación irregular de causas para influir en el resultado de los procesos. El 18,1% de los jueces españoles lo confiesan en esta encuesta anónima, y otro 25% afirma “no estar seguro” de si esa práctica existe en su entorno.

En una escala de 10 puntos, los encuestados sitúan la percepción global de independencia en su país entre 6,5 y 10, de media. Pero cinco países, todos ellos de Europa del este, obtienen una puntuación de entre 6,5 y 7, y otros seis países se sitúan entre el 9 y el 10: Reino Unido, Irlanda, Países Bajos y los países escandinavos salvo Suecia.

Solo el 7% de los jueces europeos afirman haber recibido “presiones inapropiadas” en el desarrollo de su labor, aunque esa media en España, Croacia, Albania, Letonia o Lituania es superior al 10%. En estados como Dinamarca solo un 2% de los jueves informan de presiones.

Cuando los jueces sufren presiones inadecuadas, las tres respuestas más repetidas sobre quién ejerce esas presiones son: la dirección del tribunal, incluido el presidente del tribunal (25%), seguida de cerca por las partes en litigio (24%) y sus abogados y a mayor distancia por los medios de comunicación (16%).

España también destaca por ser uno de los países cuyos jueces consideran que la carga de trabajo y la falta de recursos son un problema grave para el sistema judicial, algo que preocupa a menos del 10% de los jueces de Países Bajos. Los salarios también son un factor negativo para el sistema de justicia a ojos de los jueces españoles y de países como Portugal, Bulgaria , Serbia o Irlanda, entre otros.

De hecho, en el particular ‘CIS’ de los magistrados de la UE, los principales escollos que los jueces españoles encuentran para desarrollar su cometido son la carga de trabajo, el salario y la falta de recursos.

De media, el 33% de los jueces europeos no cree que el Consejo del Poder Judicial cuente con mecanismos y procedimientos adecuados para defender eficazmente la independencia judicial, es decir, uno de cada tres jueces. Pero en España ese porcentaje aumenta hasta el 62%: es el segundo país por detrás de Polonia con menos confianza en el órgano de gobierno de los jueces como garante de la independencia.

Según las togas españolas, las mejores recetas para lograr un sistema judicial independiente son: promocionar a los jueces “estrictamente por aptitud y experiencia”; mejores condiciones laborales sobre todo en lo relativo a la carga de trabajo y, como tercera opción, mejores condiciones en salarios, pensiones y edad de jubilación.

La Red Europea de Consejos de Justicia entiende que “uno de los indicadores de independencia subjetiva son las percepciones de los jueces sobre su propia independencia”. Para ello realiza ese sondeo que ha logrado duplicar participantes de la primera a la segunda edición y aumentar el análisis a seis países más. España, con 718 encuestados, es uno de los estados más participativos del sondeo.

Acceda a la versión completa del contenido