Redada policial
La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados reanudó este lunes las comparecencias dedicadas a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como ‘Ley Mordaza’. La pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez es derogar las partes más polémicas de esta ley, entre las que podría estar el artículo 37.4, que hace referencia a las “faltas de respeto” a los agentes de policía.
Ese apartado de la ley orgánica sanciona las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.
Los agentes no requieren ninguna autoridad judicial para registrar las sanciones que oscilan entre los 100 y los 600 euros.
Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en los últimos dos años se han registrado 40.000 sanciones de este tipo cuyo montante total ha alcanzado los seis millones de euros. Tres millones en 2016 y otros tres millones en 2017.
La cantidad recaudada en estos dos últimos años puede que sea menor porque algunas multas podrían haberse recurrido y para otras podría haberse llevado a cabo un descuento por pronto pago. Por el otro lado, los datos de Interior no contienen las estadísticas de la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, por lo que la cifra podría incluso ser más elevada.
En cualquier caso, no deja ser una de las sanciones más recurrentes de la ‘Ley Mordaza’ y que más dinero recauda para el Ministerio de Hacienda.
Según Amnistía Internacional, la sanción tipificada por el artículo 37.4, referido a las “faltas de respeto”, otorga una gran “discrecionalidad” al agente del orden, ya que la interpretación queda enteramente bajo su consideración a la hora de aplicar la sanción.
Son necesarios mecanismos de supervisión de la actuación policial
Amnistía Internacional considera, que tal y como ocurre en países del entorno como Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega, España “debe incorporar un mecanismo independiente de investigación y que éste tenga un mandato de supervisión de la actuación policial”, estando facultado también para la investigación de incidentes concretos, bien tramitando quejas y denuncias ciudadanas o, en algunos casos, debido a su gravedad, de oficio.
Amnistía Internacional ha constatado que, en numerosas ocasiones, “muchas de estas sanciones prosperan en el ámbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versión policial, basada en el principio de veracidad de funcionario público, sino por los costes aparejados a recurrir la sanción ante los tribunales” (abogado y procurador, tasas judiciales) además de que algunas personas prefieran pagar la sanción para poder beneficiarse de la bonificación del 50% por “pronto pago”.
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