Centro de Menores de Hortaleza
La reforma de la Ley de Extranjería, acordada este martes por el Gobierno central con Junts para establecer un reparto equitativo de menores migrantes no acompañados, ha desatado una intensa polémica política y jurídica.
Hasta seis comunidades autónomas -Madrid, Aragón, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León- han mostrado públicamente su intención de acudir a los tribunales nacionales y europeos para impugnar una medida que consideran arbitraria e impuesta.
La principal crítica reside en la falta de información y consenso en un asunto tan sensible como la acogida de menores migrantes, además de denunciar la supuesta vulneración de competencias autonómicas.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de «lamentable» el pacto alcanzado, anunciando que recurrirá la medida ante tribunales españoles y la Unión Europea (UE), al considerar que la política migratoria del Gobierno es un «lastre» para todos. En la misma línea, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que recurrirá el decreto tan pronto como se publique en el BOE, argumentando una posible vulneración de derechos autonómicos.
Cantabria también ha anunciado medidas legales al reclamar mayor «lealtad institucional» al Ejecutivo central, mientras que los presidentes andaluz y gallego, Juanma Moreno y Alfonso Rueda, han denunciado públicamente la falta de transparencia y estudian posibles recursos ante la justicia española y europea.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusa al Gobierno de Sánchez de imponer unilateralmente esta decisión, lo que también ha llevado a ordenar la presentación de un recurso legal para defender la autonomía regional.
Las regiones gobernadas por el PP coinciden en criticar la falta de transparencia del Ejecutivo central y preparan acciones jurídicas coordinadas
En paralelo, Murcia, La Rioja y Baleares han expresado su descontento con la medida, aunque con matices diferentes. El presidente murciano, Fernando López Miras, denuncia que su región ya está «sobrepasada» por la presión migratoria, reclamando una distribución equitativa. Por su parte, Baleares ha anunciado que analizará jurídicamente la obligación de acoger a 59 menores migrantes, mientras que La Rioja pide diálogo y transparencia al Gobierno.
Por otro lado, Canarias, Euskadi y Cataluña han calificado como «positivo» el acuerdo, aunque pidiendo mejoras. El presidente canario, Fernando Clavijo, califica el pacto como una «magnífica noticia», aunque admite desconocer el texto final. Cataluña asegura que cumplirá el acuerdo desde una perspectiva «humanista», alejándose de una visión mercantilista, mientras que Euskadi ve margen para mejorar la propuesta.
Canarias, Euskadi y Cataluña respaldan el acuerdo, pero reclaman mayor concreción y mejoras en los detalles
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que desde 2022 ya se han trasladado alrededor de 1.000 menores migrantes desde zonas saturadas como Canarias hacia otras comunidades autónomas, una cifra que representa el 52% del compromiso establecido en los últimos tres años.
El decreto aprobado incluye un fondo extraordinario de 100 millones de euros para 2025, destinado a garantizar la suficiencia financiera de las comunidades receptoras. Además, establece criterios claros como población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo realizado y particularidades geográficas.
Rego ha subrayado que, incluso sin una aprobación mayoritaria en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, el acuerdo será de obligado cumplimiento.
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