Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la firma del programa del Gobierno de coalición.
Mayo 2020. La cuenta atrás para que acabe el plazo para la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a las familias más vulnerables se acerca. El nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, cuyos miembros se anunciarán de manera oficial este domingo, tiene ante sí un importante desafío. Debe decidir si prorroga esta medida, como ya hizo el Ejecutivo del PP en 2017, o si opta por otro camino.
Varios son los retos que en materia de vivienda tiene sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cuestiones como la regulación de los precios de los alquileres, disparados en especial en las grandes ciudades desde hace meses, o poner coto al alquiler turístico, son dos problemas que están estrechamente relacionados y que el nuevo Ejecutivo se ha comprometido a solucionar.
A ellos se suma el fin de la moratoria antidesahucios¸ que tiene ‘fecha de caducidad’ en cuatro meses. En 2017 Luis de Guindos, por entonces ministro de Economía, anunció en La Moncloa un real decreto ley que ampliaba tres años más esta medida, que había entrado en vigor en 2013. Con ella se protege a colectivos especialmente vulnerables, como las familias con hijos menores de edad o monoparentales con hijos a cargo, desempleo, discapacidad, dependencia o enfermedad grave o violencia de género, para que tengan asegurado el derecho a una vivienda.
El problema es que en mayo cumple esa prórroga, y ahora el Gobierno ha de decidir qué hacer al respecto. Algo que los colectivos sociales tienen bien claro. “Nos vamos a encontrar con un problema muy grave cuando esas moratorias venzan si no hay prórroga”, afirma Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según defiende en declaraciones a EL BOLETIN, el Ejecutivo de coalición debe actuar al respecto. “Urge que se tomen medidas importantes”, sostiene.
Así se lo ha trasladado la PAH en las últimas semanas a PSOE y Unidas Podemos, e insistirá en ello una vez eche a andar este Gobierno. Y es que, tal y como alerta el portavoz de la plataforma, en caso de no hacer nada habría un “repunte importante” de los desahucios por ejecuciones hipotecarias. En 2017, cuando se procedió a la mencionada prórroga, las medidas de protección para los deudores hipotecarios vulnerables ya habían beneficiado a cerca de 88.000 familias, según datos aportados entonces por el Ministerio de Economía.
El año de la prórroga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó de 30.094 ejecuciones hipotecarias, un 37,8% menos respecto a 2016. En los tres primeros trimestres de 2019 se registraron 12.419 ejecuciones.
El fin de esta moratoria provocaría “un estallido nuevamente de los desahucios”, advierte el mencionado representante de los afectados por la hipoteca, que cree que el nuevo Gobierno debe poner en su agenda este asunto y darle una solución cuanto antes.
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