Sánchez Galán pidió en un escrito del pasado 11 de julio al magistrado instructor que corrigiera dos «errores materiales» que la defensa había observado en el auto del día 9, por el que imputó a Iberdrola Renovables (IRE) y archivó la querella presentada por Iberdrola contra su ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo.
García-Castellón se ha negado al entender que en realidad la petición de Sánchez Galán no busca enmendar un «error material», sino «impugnar el relato fáctico de los hechos», emplazándole a acudir a las vías procesales correspondientes para conseguirlo. Por ello, la defensa ha formulado un recurso de apelación donde solicita a la Sala de lo Penal que resuelva este asunto.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Sánchez Galán insiste en que su cliente «no ha ocupado jamás cargo alguno en los órganos de administración de esa empresa», Iberdrola Renovables, por lo que «no es correcto» que fuera su presidente cuando se habría contratado y desarrollado el proyecto ‘Wind’.
Esta «errónea mención», sostiene la defensa, supone «la artificiosa creación de un vínculo entre nuestro representado y dicha empresa». «Y aun cuando estamos convencidos de que ningún delito será reprochable a IRE, es lo cierto que el señor Sánchez Galán no ha tenido jamás vínculo con el órgano de administración de tal empresa, por lo que este dato objetivo, y no el erróneo, es el que debe figurar en las actuaciones», reclama.
Además, a pesar de que subraya que este extremo «es perfectamente verificable» a través del Registro Mercantil, aporta un certificado emitido por el secretario del Consejo de Administración de IRE que acredita lo expuesto por Sánchez Galán, «con las garantías de fehaciencia correspondientes».
El segundo error que aprecia Sánchez Galán es la alusión a Del Olmo como «uno de los testigos clave para sostener la acusación» contra la mercantil como autor de un informe donde expondría irregularidades a raíz de otro supuesto encargo de Iberdrola a Villarejo: ‘Arrow’.
En el auto del 9 de julio, García-Castellón ordenó archivar la querella presentada en 2020 por la eléctrica contra Del Olmo por un presunto delito de falsedad en documento privado acusándole de manipular dicho ‘dossier’ para perjudicar a la compañía. El instructor cree que los hechos han prescrito.
Sánchez Galán señala que, al margen del devenir de la querella –que Iberdrola ha pedido mantener viva en otro recurso de apelación–, Del Olmo consta como investigado por un presunto delito de cohecho en esta pieza separada de ‘Tándem’ desde el pasado mes de noviembre, sin que su situación procesal haya cambiado desde entonces.
En este punto, la defensa se muestra muy crítica con García-Castellón al afirmar que «la decisión jurisdiccional, en cuanto resultado de un razonamiento lógico-deductivo incardinado en el ordenamiento jurídico, no puede ser expresión de deseos, intenciones o futuribles», sino que «ha de ser producto de la aplicación del Derecho y de los elementos de juicio objetivos obrantes en la causa al tiempo de su dictado».
Advierte asimismo de que el hecho de que el juez use un tiempo verbal condicional –«podría ser uno de los testigos claves para sostener la acusación»– no le resta importancia a la supuesta equivocación. Por el contrario, aduce, podría revelar «una predeterminación de futuros criterios judiciales, no adoptables ahora por ausencia de los presupuestos precisos al efecto».
«Y (…) esa predeterminación constituye una manifestación de deterioro de la imparcialidad judicial en su vertiente objetiva, de posible trascendencia constitucional», desliza el abogado del presidente de Iberdrola.
Con todo, exige enmendar esos «dos errores manifiestos, cuya no rectificación propicia su constancia en la causa como datos aparentemente objetivos y ciertos, no obstante su desconexión con la realidad».
Este asunto se enmarca en una investigación mucho más amplia donde García-Castellón indaga en los encargos ilícitos que Iberdrola habría hecho a Villarejo a lo largo de los años. Sánchez Galán está imputado por presuntos delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.
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