El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Fomento dirigido por José Luis Ábalos quiere evitar que se repitan las imágenes que se produjeron en enero de este año en la AP-6, cuando miles de usuarios quedaron atrapados en la carretera. La negligencia de la empresa concesionaria (filial de Abertis) supuso una multa de 31.000 euros para la compañía. El Ejecutivo quiere ahora endurecer esas sanciones.
El Consejo de Ministros de este jueves aprobó un Real Decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de carreteras, mediante el cual se introducen varias modificaciones, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general, en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
“Una de las modificaciones, que se ha considerado urgente, es la tipificación de una nueva infracción muy grave, para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurren circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente”, informa el Gobierno.
El cambio legislativo que persigue el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende que las sanciones sean más proporcionales al daño causado al usuario. Lo hace a escasos días de que inicien los planes de vialidad invernal de las empresas concesionarias.
La propuesta de incluir la negligencia de las sociedades concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios como infracción muy grave eleva además la cantidad económica de las multas.
Las infracciones leves comprenden una sanción de 300 a 3.000 euros, las infracciones graves de 3.001 a 15.000 euros y las muy graves de 15.001 a 300.000 euros.
La imposición de sanciones por infracciones leves corresponde al Delegado del Gobierno en el territorio; la de las graves, al Director General de Carreteras y la de las muy graves, al Ministro de Fomento.
Tal y como asegura la Ley de Carreteras, la imposición de la sanción que corresponda será independiente de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, y de la de restituir o reponer las cosas a su estado anterior, de acuerdo con sus respectivos procedimientos y normativa de aplicación.
Además, el Gobierno pretende prohibir la circulación de determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas, por razones de seguridad vial.
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