El Ejecutivo sacará una nueva ley de información clasificada, también denominada de secretos oficiales, con la que sustituir a la vigente, que, según ha recodado el presidente, fue aprobada en 1968, “es decir, durante la dictadura”. Para Sánchez “es impostergable” que esta norma se actualice. Algo que le han venido reclamando varios grupos en los últimos años en diversas ocasiones, como el PNV, sin éxito.
La otra iniciativa legislativa con la que Moncloa quiere modernizar el marco regulatorio de servicios de inteligencia para por una reforma de la ley orgánica reguladora del control judicial del CNI “en la línea de las recomendaciones del Defensor del Pueblo”. “Se trata de reforzar las garantías de ese control además de asegurar el máximo respeto a derechos individuales y políticos de las personas”, ha detallado Sánchez.
Ambas normas, junto a la actualización de la estrategia de seguridad nacional y de ciberseguridad, “pondrán al día los procedimientos y acometerán los cambios necesarios para evitar que estas brechas de seguridad vuelvan a producirse en el futuro”, ha asegurado el jefe del Ejecutivo. Previamente, ha negado que su Gobierno tuviera conocimiento del espionaje a través del citado Pegasus.
El Gobierno, ha afirmado, “ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas del CNI”. Además, ha reducido el espionaje detallado por The Citizen Lab a 18 personas frente a las 65 publicado en su día y ha remarcado que la gran mayoría de móviles infectados “lo han sido por actores desconocidos completamente ajenos a la administración española, como fueron igualmente infectados los teléfonos de miembros del Gobierno”.