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Así lo ha explicado en el foro ‘#Líderes Responsables’ de Fundación Seres, en el que ha defendido el fenómeno migratorio como «una oportunidad» para España y ha rebatido con los datos las tesis de «la ultraderecha que pretende unir migración a aspectos negativos».
«Estamos viendo que son el 10% de los ingresos versus el 1% de los gastos y, en determinadas profesiones, los afiliados extranjeros llegan incluso al 25% o al 50%», ha enfatizado la ministra al hablar del «desafío que supone la migración para España y a nivel europeo».
«No sólo desde la diversidad cultural, desde la riqueza, desde la perspectiva humanista y el respeto de los derechos humanos, que ya serían suficientes para abordar la política migratoria, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad, del mercado de trabajo y del reto demográfico», ha añadido la titular del Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ha mencionado, en este sentido, datos del Banco de España según los cuales «en 2050 serán necesarias 250.000 personas migrantes para sostener el sistema público de pensiones». Y, ante estos datos, «por humanidad y también por oportunidad», la ministra ha apostado por «afrontar cómo se debe hacer este desafío migratorio». «También por nuestra composición como sociedad y el futuro que nos espera», ha añadido.
En su opinión, el debate de que «los migrantes vienen a quitar el trabajo ha perdido fuerza», porque, según ha afirmado, «para la mayor parte de los trabajos que hacen (los migrantes) no hay una gran oferta de personas residentes».
La ministra ha anunciado, además, para las «próximas semanas» la aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería que es «ambiciosa y muy escuchada», y sobre la que ha destacado el peso de figuras «como el arraigo, la formación, el empleo y las redes familiares.
Respecto a la política de Inclusión, ha reconocido que «queda muchísimo por hacer» ante índices «que son manifiestamente mejorables», aunque ha puesto en valor la «reducción de las brechas a todos los niveles, no sólo de género sino en pobreza infantil».
También ha subrayado la importancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha permitido «dar un paragüas de protección» en todo el Estado, pero ha asegurado que las comunidades autónomas también tienen «mucho que decir» dentro de sus competencias, así como las «entidades locales y las del tercer sector».
«Tenemos que ir todos a una», ha reclamado Saiz, quien ha aprovechado para reprochar que haya comunidades autónomas que «reduzcan la protección de sus rentas autonómicas y aprovechen para bajar impuestos a las rentas altas menoscabando los recursos que podrían ir destinados a la lucha contra la pobreza y la exclusión».
Ha incidido, en este sentido y coincidiendo con la Semana de la Pobreza, en la «corresponsabilidad». «Es importante que haya días en que podamos visibilizar, hacer una reflexión y levantar un poco la mirada para ver en qué punto estamos», ha argumentado Saiz, para quien España «tiene ahora los mejores datos de la última década gracias a la puesta en marcha del escudo social del IMV, la revalorización de las pensiones y la subida del salario mínimo interprofesional». A su juicio, estas medidas han evitado que «10 millones de personas caigan en la pobreza».
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