Rosa Díez, fundadora de UPyD
La que fuera líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Rosa Díez ha denunciado ante el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, por un presunto delito de prevaricación omisiva por no haber ordenado el uso de mascarillas al inicio del estado de alarma decretado frente a la pandemia del coronavirus.
Así lo ha anunciado la propia Díez en su cuenta personal de Twitter, donde señala que ha decidido llevar este asunto al Tribunal Supremo después de haber presentado la denuncia el pasado 8 de junio en la Fiscalía General del Estado y no haber recibido aún «ni acuse de recibo».
En su denuncia, recogida por Europa Press, la exdirigente de la formación magenta afirma que «al no haber recibido noticia alguna sobre la eventual incoación de diligencias informativas», da «a todos los efectos por reproducido el contenido» de la denuncia ante la Fiscalía.
En su escrito original, Rosa Díez reclamaba la apertura de diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación en su modalidad omisiva al no haberse ordenado el uso obligatorio de mascarillas antes del 20 de mayo, fecha en la que se publicó en el BOE esa directriz, pero también por no haber limitado todavía más la libertad de movimientos en caso de no poder abastecerse de las mismas.
«POR MOTIVOS POLÍTICOS»
A su juicio, el criterio de obligatoriedad de las mascarillas solo se puso de manifiesto cuando el Gobierno pudo garantizar el suministro de las mismas pero no antes, «poniéndose por tanto en grave riesgo a todos los ciudadanos, lesionando su derecho fundamental a la salud por motivos políticos», alegaba.
En este sentido, la denuncia recoge unas declaraciones de Simón reconociendo que «en una situación de escasez en el mercado de mascarillas» desde Sanidad se quiso ser «muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se pudieran aplicar», y otras del ministro Salvador Illa asegurando que, aunque las mascarillas eran útiles, no eran para estar por la calle.
Díez sostiene que si el Gobierno hubiera dicho desde el principio la verdad a los ciudadanos, éstos se podrían haber protegido y haber limitado cualquier eventual contacto con terceros al saber que no disponían de las adecuadas mascarillas. «La prevaricación que se denuncia viene no por lo que se ha hecho sino por lo que no se hizo de forma deliberada y a sabiendas y que debía hacerse», concluye el escrito.
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