La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera
«No creo que haya una voluntad de insumisión generalizada», ha asegurado Ribera en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que, en general, hay una voluntad de cumplimiento y ha afirmado que «en principio» las comunidades autónomas deberían de contar con los equipos que vigilen el cumplimiento del decreto.
«Estoy segura de que todos vamos a hacer un esfuerzo», ha afirmado Ribera, quien ha señalado, no obstante, que se trata de un proceso en el que «lo importante no es sancionar, sino encauzar esa voluntad de aportar al esfuerzo colectivo».
«No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas», ha explicado.
No obstante, ha advertido de que «si pasa el tiempo y aquí no pasa nada», habría que pensar «obviamente» cuáles son los recursos y «probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias» si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma.
«Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión», ha subrayado.
En el caso de que, una vez transcurrido el tiempo, no haya ninguna sanción por parte de las comunidades autónomas, Ribera ha explicado que lo que prevé la Ley orgánica del Tribunal Constitucional respecto a los conflictos negativos de competencia es que en aquellos supuestos en los que la administración competente no ejerza las competencias puede ser apercibida por la otra administración.
«Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos», ha señalado la ministra para la Transición Ecológica, quien ha añadido que «no se trata de una aplicación inmediata» y que la colaboración de las comunidades autónomas es «capital».
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