Ribera enmarca el debate sobre un impuesto adicional a las eléctricas en los Presupuestos

“¿Cuál es el momento en que es pertinente debatir esto? Probablemente en el contexto de la legislación presupuestaria, al igual que las medidas extraordinarias se deben debatir en el contexto de los decretos leyes que hemos venido aprobando para proteger a las familias y a la industria. Así, que cada cosa a su tiempo”, ha señalado la vicepresidenta en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Ribera respondía así al ser preguntada por las demandas de algunos miembros del Gobierno, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para introducir un impuesto extraordinario a las eléctricas en el decreto anticrisis que el Ejecutivo tiene previsto prorrogar hasta el 30 de septiembre. De hecho, Díaz aseguró ayer que estaba negociando con el PSOE tanto este impuesto extraordinario como la posibilidad de bonificar el transporte público.

La vicepresidenta tercera, en cambio, cree que este debate debe enmarcarse en el ámbito presupuestario y además hacerse de una manera “bien ponderada y trabajada” junto con el resto del equipo económico del Gobierno, particularmente con las ministras de Hacienda y de Asuntos Económicos, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente.

Ribera ha recordado que las eléctricas cuentan actualmente con “varias limitaciones muy importantes” que se han aplicado para proteger a los consumidores: por una parte, la minoración de los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ y, por otra, el tope del precio de la electricidad generada a partir de gas.

Precisamente, sobre esta limitación al precio del gas hasta un máximo de 40 euros, la vicepresidenta ha recordado que a partir de mañana, 15 de junio, se observará un precio más bajo en el mercado mayorista que los consumidores notarán en su factura de la luz del mes de julio. Para una factura media de 100 euros, topar el precio del gas implicará una rebaja en el recibo de unos 15 euros, según la vicepresidenta.

Ribera ha explicado que, aunque el Gobierno quiere que las eléctricas sigan teniendo beneficios, entienden que la situación actual es excepcional y que “no les queda más remedio” que aceptar esta limitación al precio del gas, respaldada por la Comisión Europea para su aplicación en España y Portugal hasta el 31 de mayo de 2023.

En este sentido, preguntada por si baraja solicitar que este mecanismo ibérico se extienda más allá de esa fecha, Ribera ha asegurado que, en principio, España “se atendrá a lo comprometido” con Bruselas. Además, ha explicado que el hecho de que su vigencia sea de 12 meses permitirá afrontar los meses “turbulentos” que se avecinan para la demanda de electricidad: en verano, por los aires acondicionados, y en invierno, por la calefacción.

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