Dos meses más. Ese es el tiempo del que ahora dispone Reyal Urbis para evitar la liquidación. La promotora inmobiliaria logrará esquivar el peor desenlace para una de las mayores quiebras empresariales de la historia de España si logra recabar el apoyo de sus acreedores antes del próximo 31 de mayo.
Este es el tiempo que el juez que instruye su proceso concursal ha dado a la compañía para conseguir que sus acreedores se sumen a su propuesta de convenio. Así ha quedado previsto en un auto que el titular del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid del que los gestores de Reyal Urbis han recibido notificación este jueves.
El auto del juez estima parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la compañía frente a la decisión de no dar por válidos los términos de la propuesta remitida con anterioridad. Así, se admite ahora a trámite la propuesta de convenio, según recoge un escueto hecho relevante que la ladrillera ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La primera propuesta de convenio fue rechazada en septiembre de 2015. Entonces, el juez Francisco Javier Vaquer señaló que las quitas de deuda propuestas eran exageradas y que incluso excedían los límites legalmente establecidos en algunos casos. En el auto llegó a apuntar que en el documento “no existía soporte argumental alguno para privar a los acreedores de sus legítimas expectativas a recibir lo que pueda corresponderles”. Una conclusión a la que llegó después incluso de haber subsanado algunas imprecisiones detectadas por el letrado seis meses antes.
Esta propuesta de Reyal Urbis preveía quitas del 90% para las deudas ordinarias y subordinadas de más de 3.000 euros y del 70% para las inferiores a esta cantidad. Banco Santander, la Sareb, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Hacienda se cuentan entre los principales acreedores de la compañía con deudas de 600, 480, 220 y 400 millones respectivamente, según figura en la documentación que durante estos cinco últimos años se han remitido al supervisor.
El agujero patrimonial de Reyal Urbis a la fecha de su entrada en concurso, el 4 de marzo de 2013 si bien había sido suspendida de negociación en Bolsa ya en febrero, ascendía a 1.699,3 millones de euros. El presidente de la compañía, Rafael Santamaría, había propuesto que si un 75% de los acreedores aceptaban su convenio, todos debían renunciar a las garantías de cobro de sus préstamos y liberar así de cargas a los activos hipotecados. Un extremo que el juez calificó de incompatible con la ley concursal.
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