María Jesús Montero vicepresidenta primera y ministra de Hacienda Foto Congreso
El Ejecutivo contaba con aprobar sin inconvenientes la senda fiscal planteada para los próximos años, pero el voto en contra de Junts, en plena negociación entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha provocado que los objetivos decaigan y se complique la tramitación en tiempo y forma de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
Y es que estos objetivos son el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas y la base sobre la que el Estado, las comunidades y las entidades locales fijan su tope de deuda y déficit. Pero ahora, el Gobierno tendrá que volver a aprobar los objetivos y remitirlos a las Cortes Generales para su debate y votación, teniendo en cuenta el receso estival que se inicia ahora.
Ha sido la tercera vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
Durante la defensa de los objetivos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en que la hoja de ruta que el Gobierno comprometió con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez –entre las que se encuentra Junts—“continúa su senda”.
No obstante, la formación independentista ha decidido tumbar la senda, argumentando que pedía al Gobierno que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las comunidades autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos.
“Pero no ha habido absolutamente ningún cambio”, ha lamentado el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, tras criticar que el Gobierno no entiende que no cuenta con mayoría absoluta en el hemiciclo, y que, por tanto, necesita de otros grupos políticos, en este caso de los siete votos de Junts, para sacar adelante sus iniciativas.
“Es evidente que mientras no cambie esta realidad, que hemos expuesto a este déficit de ejecución de presupuestos que tanto perjudica a Cataluña, el Gobierno no puede contar con los siete votos de Junts para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2025”, ha señalado Cruset.
El portavoz ha señalado que en esta legislatura han avisado en diferentes ocasiones de que la formación no forma parte de ningún bloque del hemiciclo y que, por lo tanto, no se puede dar por supuesto su voto favorable o contrario a las iniciativas que se impulsan en función de quién sea el que las lleve a cabo.
“Hemos explicado también en las diferentes intervenciones que estas quedan enmarcadas solo con un criterio, que es que aquellas propuestas sean a favor de Cataluña, contarán con nuestro apoyo y aquellas que no, no se puede dar por supuesta nuestra implicación”, ha remarcado.
El Ejecutivo ha incluido unas mejores previsiones de crecimiento macroeconómico, con un repunte del PIB del 2,4% para este año y del 2,2% en 2025, por lo que ha propuesto una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo temporal que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas –suspendidas desde 2020 por el Covid-19–.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).
Montero ha informado también del límite de gasto no financiero o ‘techo de gasto’, que no se vota. Este establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios
Además de ese límite de gasto también se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Por último, la proyección de ingresos del Estado es que crezcan un 5,4% en 2025 y un 6,5% en 2026. En cuanto a la regla de gasto, se ha fijado en el 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027.
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