Central nuclear de Fukushima
«La liberación de un millón de toneladas de agua contaminada en el medio marino impone riesgos considerables para el pleno disfrute de los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas dentro y fuera de las fronteras de Japón», han señalado los expertos.
El grupo está formado por los relatores especiales sobre tóxicos y Derechos Humanos, Marcos Orellana; sobre el Derecho a la alimentación, Michael Fakhri; y sobre Derechos Humanos y medioambiente, David Boyd.
La decisión, tomada años después del desastre ocurrido en 2011, «es particularmente decepcionante ya que existen soluciones alternativas al problema», ha lamentado el trío, que ha hecho saber al Gobierno nipón que dicho vertido radiactivo amenaza la salud de las personas y el planeta.
Aunque las autoridades japonesas han asegurado que el agua no supone un riesgo, los expertos han defendido que las tecnologías utilizadas para depurar ese millón de toneladas de líquido no logró limpiarlo por debajo de los niveles reglamentarios.
«Recordamos a Japón sus obligaciones internacionales de prevenir la exposición a sustancias peligrosas, realizar evaluaciones de impacto ambiental de los riesgos que puede tener la descarga de este agua, prevenir daños ambientales transfronterizos y proteger el medio marino», han enfatizado.
El Gobierno nipón anunció esta semana su intención de liberar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la central de Fukushima Daiichi al mar con el apoyo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), lo que ha suscitado críticas por parte de China, Corea del Sur y Taiwán.
Corea del Sur ha protestado fuertemente desde entonces y ha convocado al embajador japonés para abordar el asunto. Una coalición de 25 organizaciones de pescadores han convocado una protesta y han entregado a la Embajada de Japón una carta de protesta en la que han pedido a Tokio revocar su decisión.
Está previsto que el proceso de vertido comience dentro de dos años y dure décadas, según las previsiones de las autoridades. Una comisión del Ministerio de Economía, Comercio e Industria concluyó en febrero de 2020 que liberar el agua en el mar y evaporarla eran opciones viables, aunque la primera era técnicamente más factible y ha sido respaldada por la AIEA.
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