Registradores y… ¿empresarios?

Los registradores de la propiedad – un cuerpo reducido, apenas cuenta con 1.100 miembros – tiene sus atribuciones especificadas y se da por supuesto que cumplen con seriedad y solvencia con sus funciones profesionales, pero no suelen estar exentos de la polémica. Choca muchas veces que su responsabilidad la ejerzan como empresarios privados y no, como ocurre en numerosos países, que sean funcionarios públicos. Hay sobradas razones para que adquieran esta condición.

Pero, por si la polémica que su estatus despierta fuera poco, su Colegio profesional, el encargado por velar por su ética y dignidad profesional, también suele suscitar quejas y recelos al actuar como se si se tratase de una sociedad anónima que intenta monopolizar, y de hecho cierra el marco de la libre competencia en unas actividades, como es el desarrollo y mantenimiento de software de gestión a los registros de la propiedad. Hasta seis empresas competían un lustro atrás por prestar este servicio.

Casi todas han desaparecido o han tenido que cambiar de actividad, -después de haber hecho grandes inversiones para adquirir tan delicada especialización-, ante la competencia que el propio Colegio les ha venido haciendo desde su poder económico y gremial. Expertos en este tipo de situaciones consideran que se trata de una competencia desleal ejercida desde una institución que debería cumplir estrictamente con los principios del libre mercado.

Las quejas reiteradas expresadas en los medios de comunicación han caído hasta ahora en saco roto. La reivindicación de los afectados ha dado un paso más. En los últimos días ha trascendido que una de estas empresas, Futuver, pionera en la informatización de los registros y con amplia implantación en varios países latinoamericanos, ha presentado una denuncia contra el Colegio ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). La resolución de este organismo hace un año que se viene haciendo esperar.

La acusación formulada por Futuver se centra en prácticas restrictivas a la libre competencia y posición dominante en el mercado. Esta opinión es compartida por otras compañías y avalada por criterios jurídicos. Fuentes próximas a la CNMC aseguran que la denuncia está en estudio y que pronto se hará pública su posición. No es frecuente que un colegio profesional, nada pobre por cierto, actúe de facto como operador de servicios en una actitud autosuficiente que de hecho excluye la posibilidad de que las empresas del ramo se desenvuelvan en plena libertad comercial.

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