Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
La Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a los 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales, otro de insolvencia punible, otro de corrupción en los negocios, y otro delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. A la luz de tal documentación, y según el informe de 7 de julio de 2020 efectuado por la Unidad de la AEAT adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, concluyeron que resultaron cuotas defraudadas por importe de 7,4 millones de euros.
La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.
Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, “lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente –su fortuna– utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”.
Por todos los presuntos delitos, Anticorrupción solicitaba para él una pena de 70 años de cárcel: entre 4 y 6 años por cada uno de los 11 delitos contra la Hacienda Pública, 6 años por el delito de blanqueo, 4 por el delito de insolvencia punible, otros 4 por el delito de corrupción en los negocios, y, finalmente, 3 por el delito de falsedad documental, además de las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria por las cantidades defraudadas en cada uno de los ejercicios fiscales indicados.
En este juicio se ventilará para Rato la causa en su totalidad, dado que en 2019 la Audiencia Provincial decidió anular el procesamiento relativo a la pieza en la que se investigaba el presunto cobro de 835.000 euros en comisiones por parte del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Caja Madrid por contratar la publicidad de Bankia por su salida a Bolsa con dos agencias concretas. Por este asunto, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.
La Audiencia ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido ‘caso Rato’ para convertirlo en un único proceso. Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarían “pronunciamientos contradictorios” que pudieran darse si se juzgaban por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.
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