Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Rato ha instado a declarar la «nulidad radical» del traslado que se dio el pasado 19 de enero desde el Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid a todas las partes de «información privada» del ex dirigente ‘popular’ y a que reclame su «devolución inmediata» a las partes, junto con la prohibición de realizar y conservar copias de la misma.
La defensa ha denunciado que «se ha dado en bloque y sin filtrar a todas las partes del procedimiento una documentación que contiene información privada de mi representado y de terceros ajenos al procedimiento», señalando que con ello se ha producido «una flagrante vulneración de los derechos constitucionales del señor Rato y de dichos terceros».
El origen de esta queja está en los dos terabytes de documentación, tanto en formato electrónico como en papel, incautada en los registros efectuados en 2015 en las viviendas ubicadas en las calles Castelló 50 y Don Ramón de la Cruz 33 de Madrid, y en el despacho de Plazas Abogados de Madrid y Sotogrande.
Rato y sus abogados intentan desde 2017 que la ONIF les devuelva la información incautada que es «inútil para la instrucción de la causa» a fin de evitar que se remita a todas las partes. Tras varias idas y venidas, materializadas en numerosos autos y providencias, el pasado agosto pidió al juez «la expulsión del procedimiento de todo aquel material incautado que no ha sido expresamente utilizado por la ONIF» en su análisis, el cual «se ha extendido en más de cinco años».
En respuesta, el Juzgado de Instrucción 31 dictó un auto en noviembre por el que ordenó a la ONIF identificar y aportar todos los documentos que ha usado para elaborar los informes encargados en esta causa. Según la defensa de Rato, el pasado 19 de enero se le entregó un USB con una «copia parcial» de estos archivos y, a la vista del contenido, solicitó explicaciones sobre la documentación que se estaba facilitando a las partes.
«La aclaración solicitada –y no resuelta– fue solventada por el curso natural de las cosas. Y es que el 28 de enero de 2021 esta parte ya pudo confirmar la violación del derecho fundamental a la intimidad y propia imagen del señor Rato y de terceros ajenos a esta causa, así como al derecho de defensa» del también ex vicepresidente, ha reprochado.
Así, ha afirmado que desde el 19 de enero se ha entregado a todas las partes –unas 50 personas entre abogados, procuradores e investigados– «un considerable volumen de datos de carácter personal y privado del señor Rato, que afecta directamente a su esfera personal y familiar, y vulnera de manera flagrante y grosera sus derechos fundamentales y los de su familia y allegados cercanos».
Se trata no solo de «información privada de la vida personal y familiar» de Rato, sino también de «comunicaciones protegidas por el secreto profesional», como los contactos con Ignacio Ayala, su abogado defensor en otros casos en la Audiencia Nacional, y de documentación societaria, mercantil, fiscal e incluso sobre herencias que afectan a tercero ajenos a este proceso.
En concreto, la defensa ha llamado la atención sobre el nombre de una de las carpetas que figura en los archivos enviados a las partes, llamada ‘Carpetas Personales’, ya que la propia denominación «evidencia sin necesidad de ulteriores consideraciones la nulidad del traslado efectuado».
Entre la información mencionada, hay casi 4.000 imágenes de Rato que «afectan a su esfera privada»; conversaciones con su mujer, hijos y otras personas sin relación con la causa; los contactos de su agenda, incluidas «personalidades de gran relevancia pública como políticos o empresarios»; o datos sobre contraseñas, medicamentos y cumpleaños.
La defensa ha querido destacar que «se ha elaborado asimismo un diagrama con las llamadas más frecuentes del señor Rato con sus contactos». «Si bien ignoramos qué relevancia puede tener para los hechos que se están investigando en la presente causa», ha apostillado.
También ha alertado de que se ha volcado íntegramente el contenido del buzón del correo electrónico de Rato y «se ha dado una copia de forma masiva e indiscriminada a más de 50 personas». Hasta se ha hecho un análisis de los ‘emails’ relativos a su hija, Ana de Rato Alarcó, ha enfatizado.
Con todo, la defensa ha cuestionado «por qué el resto de partes tienen copia y acceso a información que nada tiene que ver con la causa que nos ocupa y que, en su inmensa mayoría, se refiere a terceros ajenos al procedimiento penal», lo cual considera una violación de la «esfera privada» de Rato, su familia y allegados.
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