Rodrigo Rato en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Según recoge la agencia Efe, a defensa del exvicepresidente del Gobierno extrae dicha conclusión tras analizar la documentación contenida en el sumario, a la que, por primera vez desde que comenzó la causa en 2015, ha tenido acceso en su totalidad el pasado enero, y que probaría -dice- que se trata de una “investigación general y prospectiva” sobre Rato y su entorno.
Así pues, prosigue el escrito al que ha tenido acceso Efe, se habrían analizado “todas sus actuaciones desde hace más de 20 años”, todo ello “a espaldas” tanto del titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, como del propio expresidente de Bankia.
Esta conducta, prohibida en el ordenamiento español, el cual contempla que la posición del fiscal debe ser de colaboración con el juez pero sin iniciar investigaciones paralelas, “podría acarrear una responsabilidad patrimonial y daños por mal funcionamiento de la Justicia”, avisa la letrada de Rato. El texto apunta a los funcionarios “que han investigado sin descanso todos los movimientos y todas las sociedades con las que él o alguna de las personas de su círculo más cercano han tenido alguna relación (desde los años 90)”.
Ello supone “un grosero y absoluto despilfarro de recursos públicos cuya única finalidad ha sido la de construir una causa” contra Rato que “sigue en fase de instrucción”.
Sobre la documentación del caso, el exministro pide que parte de ella no se considere como prueba y se traslade a una pieza separada de documental reservada.
Entre otra información, su defensa se refiere al cuadro en formato excel “de autoría desconocida” con una “ingente cantidad” de datos fiscales, autoliquidaciones, divisas, préstamos e inmuebles desde 2008 “no sólo de Rato, sino también de sus familiares y empresas que nada tienen que ver con el procedimiento”.
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