De ellas, 34.151 plazas corresponden a la oferta ordinaria, un 12,2% más que en 2021, y 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino.
Las 34.151 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público para este año se dividen en 25.471 plazas para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna); 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna); 1.737 para la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna), y 1.951 plazas para las Fuerzas Armadas (842 de ingreso directo y 1.109 de promoción interna).
En total, las plazas para promoción interna dentro de la oferta ordinaria suman 12.142, con el fin de aprovechar e incentivar el talento interno existente y garantizar la carrera profesional de los empleados públicos.
Con estos objetivos, también se contemplan cambios en los procesos selectivos para evitar que las personas que se presenten por este turno tengan que ser examinadas de conocimientos que ya han acreditado.
Para elaborar la OEP de este año, acordada con los sindicatos de la Función Pública, el Gobierno ha efectuado el estudio de las bajas registradas en el ejercicio anterior, ha identificado las necesidades ciudadanas y su previsible evolución y ha tenido en cuenta sus políticas prioritarias, las necesidades de personas ligadas y los nuevos requerimientos de personal derivados del Plan de Recuperación.
Asimismo, se han evaluado las necesidades de personal presentadas por los diferentes departamentos ministeriales; se ha realizado un estudio de la evolución de las cinco últimas OEP, su grado de ejecución y la cantera de personas opositoras existentes por cada cuerpo, escala o categoría profesional, y se han analizado las plazas cubiertas por personal interino en cada departamento ministerial por cuerpo, escala o categoría profesional.
Al mismo tiempo, se ha realizado una previsión de nuevos servicios amparados en nuevas normas aprobadas.
Se ha tenido en cuenta además que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece una tasa de reposición del 110% con carácter general, que se eleva al 120% para los servicios esenciales y al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, de las más de 10.600 plazas que componen la oferta de estabilización de personal interino para este año, 4.692 plazas son para la Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.
El 27,5% de las plazas que integran la OEP de 2022 van dirigidas a la cohesión social y servicios a la ciudadanía; el 19% a economía verde y sostenible y el 14,6% a la transformación digital. Además, el 20% de la oferta de libre acceso de la AGE se destinará a perfiles STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con 3.267 plazas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado presenta también una serie de reglas de flexibilización de la tasa de reposición que han ampliado los supuestos que no computan en dicha tasa, como por ejemplo las plazas necesarias para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevos servicios amparados en normas con rango legal.
Ello permitirá el refuerzo de la plantilla de la Seguridad Social con 1.150 plazas para hacer frente a sus necesidades estructurales y garantizar la prestación de nuevos servicios a la ciudadanía, como la gestión y control del Ingreso Mínimo Vital o de los nuevos ERTE establecidos en la reforma laboral.
Con esta finalidad, la Oferta de Empleo Público de este año duplica el número de plazas para Inspectores de Trabajo y Seguridad Social con respecto al año pasado.
La OEP de la Agencia Tributaria, por su parte, ha pasado de 1.412 plazas en 2021 a 1.836 en 2022, lo que supone un incremento del 30%, por el hincapié que hace el Gobierno en la lucha contra el fraude.
El Real Decreto de OEP para el año 2022 introduce novedades también en materia de selección e incluye las previsiones contenidas en el Plan Ejecutivo 2022-2024 en el que se concretan las medidas para modernizar y agilizar los procesos selectivos, profesionalizar los órganos de selección y democratizar el acceso al empleo público.
Así, las convocatorias posibilitarán la realización de pruebas selectivas coincidentes en el tiempo; los órganos de selección deberán contar con un número de personas que permita la existencia de varios tribunales para un mismo proceso selectivo; en los procesos de promoción interna se eximirá la realización de pruebas cuyo conocimiento se haya acreditado previamente y se fomentará la realización de ejercicios prácticos y de respuesta breve o alternativa.
Destacan, asimismo, medidas para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público, como la elaboración y puesta a disposición de manera gratuita de materiales de ayuda a la preparación de oposiciones; la elaboración de un estudio de ayudas económicas para la preparación de oposiciones, y la descentralización de los procesos selectivos en todo el territorio para evitar que las personas opositoras tengan que desplazarse a Madrid para examinarse.
En aras de la agilidad y la eficiencia, se acumularán todas las OEP 2020 y 2021 aún no convocadas a las convocatorias de la OEP 2022, que tendrán que llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2022.
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