Fachada del Congreso de los Diputados
Durante el debate de toma en consideración en el Pleno del Congreso, Unidas Podemos se ha desmarcado de su socio en el Gobierno de coalición avanzando su apoyo a la tramitación de la iniciativa, como también han hecho Ciudadanos, PNV, EH Bildu y Unión del Pueblo Navarro.
Dado que el PP ha anunciado abstención y los ‘noes’ de PSOE y Vox, el texto no arrancará su andadura en el Congreso. No obstante, el ‘popular’ José Antonio Bermúdez de Castro se ha comprometido a tratar esta reforma en el marco de la subcomisión encargada de estudiar modificaciones en la Ley Electoral. También el socialista Santos Cerdán ha remitido cualquier posible cambio en esa norma a esa subcomisión, argumentando así su voto en contra.
Actualmente la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece, en su artículo 17 bis, sanciones para las formaciones que superan el límite de gasto electoral, que oscilarán entre el doble o el quíntuplo del exceso en el que hayan incurrido.
La norma distingue entre infracción leve, grave o muy grave, según lo que se haya sobrepasado este tope de gasto, pero fija unas multas mínimas en cada uno de los casos que, si se aplican a partidos pequeños, por ejemplo de implantación local, pueden llevarles a la bancarrota.
Así, si se supera en un 10% o más el límite de gasto electoral (infracción muy grave) la multa mínima obligatoria es de 50.000 euros; si ese gasto se sobrepasa entre un 3 y un 10% el mínimo son 25.000 euros de penalización y si el exceso va del 1 y al 3% ésta no podrá ser inferior a los 5.000 euros.
EVITAR SANCIONES DESPROPORCIONADAS
La proposición de ley, impulsada en su día en el Parlamento navarro por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, plantea suprimir todas esas cuantías mínimas obligatorias y aplicar únicamente las sanciones correspondientes que pueden oscilar entre el doble o el quintuplo del exceso en el que se haya incurrido.
El Parlamento foral sostiene que «la reciente experiencia de procedimientos sancionadores tramitados por el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que cuando se trata de pequeñas formaciones políticas que concurren en un solo municipio, un exceso muy pequeño puede dar lugar a una desproporcionada sanción de 50.000 euros debido al límite de gasto electoral que les resulta de aplicación».
Además de suprimir estas sanciones mínimas para todos los partidos, la ley planteaba un nuevo método de cálculo para elevar el límite de gasto electoral en las elecciones locales y permitir a las formaciones pequeñas hacer campañas «dignas» sin sobrepasar los límites.
La iniciativa ha sido presentada en el Pleno por tres representantes del Parlamento de Navarra: Pablo Azcona, de Geroa Bai,
Mikel Buil, de Podemos, y María Luisa De Simón Caballero, de IU. Los tres han insistido en la necesidad de acometer esta reforma para favorecer la participación política de los ciudadanos.
CORREGIR CIRCUNSTANCIAS INJUSTAS
Los tres diputados forales han confrontado con Joaquín Robles, de Vox, quien ha utilizado el turno en contra y ha rechazado la iniciativa argumentando que pretende favorecer a formaciones independentistas y defendiendo la supresión de la financiación pública para los partidos políticos.
Desde UPN, Carlos García Adanero, ha defendido todo lo contrario, la financiación «pública y transparente», y ha dado su apoyo a la reforma, al igual que lo ha hecho la diputada de Bildu Bel Pozueta, por respeto a lo pactado en el Parlamento foral y pese a que ha puesto algunas pegas a la ley.
También el PNV, por boca de Mikel Legarda, ha avanzado su apoyo a una reforma destinada, ha dicho, a corregir circunstancias «injustas». Y, en la misma línea se ha pronunciado el dirigente de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien también ha defendido la necesidad de tomar medidas para facilitar que las formaciones pequeñas puedan realizar «campañas electorales dignas».
Desde Unidas Podemos, Roberto Uriarte, también ha saludado esta iniciativa cuya tramitación han rechazado sus socios de Gobierno y a la que también ha puesto pegas el PP. Si bien Bermúdez de Castro ha admitido que las sanciones mínimas actuales dan lugar a «multas desmedidas», ha avisado de que no se puede «romper el principio de igualdad en el límite de gasto de los partidos en las elecciones locales».
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