La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra (i) y la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra (d) en la Sala Mariana Pineda de la Cámara Baja
Tras las dos elecciones generales de 2019, los grupos no fueron capaces de ponerse de acuerdo para cubrir esas vacantes y a finales de enero, tras nombrarse al nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, el Ejecutivo se dirigió a las Cortes para que procedieran a proponer nombres.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo por el cual los ‘populares’ propondrán al representante del Senado y los socialistas al del Congreso. Tendrán que ser elegidos en las comisiones de Política Territorial y Función Pública de sus respectivas Cámaras
La mesa y portavoces de este órgano del Congreso ha acordado este jueves convocar la elección del vocal de la Cámara Alta el 11 de marzo, pero el PSOE aún no ha desvelado a quién propondrá. Aunque en el Senado aún no han puesto fecha para este trámite, el PP ya tiene decidido promover a la senadora andaluza de designación autonómica Teresa Ruiz Sillero. Se da por hecho que el PSOE también apostará por una mujer para garantizar el equilibrio de géneros que fija la ley.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno tiene entre sus funciones asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, hacer informes sobre las leyes relativas a estas material, aprobar una memoria anual sobre el grado de aplicación de Ley de Transparencia, proponer recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas e impulsar la cooperación con órganos similares a nivel autonómico o internacional
Este órgano lo preside quien ocupa la Presidencia del Consejo (ahora Rodríguez Álvarez) y siete vocales nombrados por el Gobierno a propuesta del Congreso, el Senado, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ninguno de ellos recibe remuneración por esta responsabilidad.
Todos ellos tienen un mandato de cinco años prorrogable por otros cinco. Las vacantes que se produzcan antes de esos cinco años, según estable la norma que rige su funcionamiento, deben ser cubiertas dentro del siguiente año desde la fecha de la misma y hasta completar el mandato de un lustro.
Pero esta premisa se ha venido incumpliendo por parte del Congreso y el Senado, que también tardaron meses en acordar la propuesta de nuevos vocales tras la repetición electoral de 2015.
Los actuales miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno fueron nombrados en febrero de 2019. El Congreso renovó en el puesto a la entonces diputada por Zaragoza Pilar Cortés, que, salvo los meses en que su puesto quedó vacante por falta de acuerdo entre los grupos, era vocal desde la creación de este órgano.
Por su lado, el Senado designó a María Auxiliadora Pérez, que sucedió a la también ‘popular’ Mar Angulo, quien había sido designada en 2017. Antes que ella había ocupado este puesto el senador del PNV Jokin Bildarratz.
En febrero de 2019 también fueron nombrados otros tres vocales a propuesta de otras tantas instituciones. El Tribunal de Cuentas propuso a la consejera Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con José María Aznar y que cubrió la vacante que había dejado María José de la Fuente al ser nombrada presidenta del fiscalizador.
La Agencia Española de Protección de Datos promovió al jefe de su gabinete jurídico, David Javier Santos, y el Ministerio de Función Pública hizo lo propio con Pablo González de Herrero, entonces director de la Oficina de Planificación Estratégica de la Secretaría de Estado de Función Pública, que cubría así el puesto que estaba pendiente desde el cambio de Gobierno en junio de 2018.
La composición actual de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se completa con el director de la División Jurídico Institucional de la AIRef, Diego Pérez Martínez, y el secretario general del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Saudinós.
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