Tribunal de Cuentas
Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de ambos partidos, socios en el Gobierno, durante el debate en la Diputación Permanente del Congreso sobre una solicitud del PP para pedir explicaciones por el tema a la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El debate se ha visto salpicado por ataques de ERC y Junts a la institución fiscalizadora, que ha llegado a ser tachada de «franquista», un término que ha sido retirada del Diario de Sesiones por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.
ESTRATEGIA DE CLAUDICACIÓN
El portavoz del PP en el debate, Carlos Rojas, ha arrancado el debate afirmando que la decisión de la Abogacía del Estado de declararse «parte no interesada» en este procedimiento, que podría implicar embargos a los líderes del procés, responde a una «estrategia de claudicación» del Gobierno ante el independentismo para continuar «unos meses más» en la Moncloa. «Es inadmisible que el Gobierno renuncie a reclamar lo que es de todos», ha manifestado.
Tanto Ciudadanos como Vox han cuestionado también que la Abogacía no se sienta concernida o perjudicada por el presunto uso irregular de fondos públicos para el 1-O, las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña –conocido como Diplocat-, y por esa razón han respaldado la exigencia de explicaciones a Llop reclamada por los ‘populares’.
Y VOX, CONTRA EL PP: ¿POR QUÉ «HA VENDIDO» AL TRIBUNAL?
Ahora bien, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha aprovechado para requerir también al PP explicaciones por haber «vendido» al Gobierno los consejeros del Tribunal de Cuentas en el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales caducados.
Con todo, la solicitud del PP no ha prosperado. Tanto el PSOE como Unidas Podemos han justificado la decisión de la Abogacía del Estado de no personarse en este causa porque los recursos públicos en cuestión son de la Generalitat, no del Estado. «Que una parte de los recursos de la Generalitat puedas tener origen en el Estado no hace de sean fondos del Estado», ha puntualizado el diputado del PSOE Francisco Aranda.
«Se han equivocado de ventanilla», ha añadido, por su parte, la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, antes de afear al PP que pretenda que el Ministerio de Justicia dé instrucciones a una Abogacía del Estado que debe ejercer sus funciones sobre la base de criterios técnicos y jurídicos y no partidistas.
Al igual que los socialistas y el grupo confederal, también ERC, Junts han votado en contra de la petición del PP entre gruesas críticas al Tribunal de Cuentas. En ERC, Montserrat Bassa ha acusado al órgano fiscalizador de ser «el brazo económico de la represión» en Cataluña, mientras que Miriam Nogueras, de Junts, lo ha tachado de «franquista» en diversas ocasiones. Este adjetivo ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a decidir la retirada de ese término del Diario de Sesiones ante la negativa de la independentista catalana a hacerlo.
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