PSOE y Junts despejan el camino de la investidura de Sánchez y acuerdan la amnistía

“Es un acuerdo que llega en un momento clave para el país”, ha señalado Cerdán, que ha destacado que “es necesario formar cuanto antes un gobierno progresista que dé estabilidad a España y que dé mandato a la ciudadanía de las pasadas elecciones del 23 de julio”.

“Los españoles”, ha continuado en una comparecencia ante los medios, “dijeron no a un gobierno del PP y Vox, dijeron sí a un gobierno del PSOE”. “Dijeron no al retroceso, no a la crispación, al enfrentamiento, incluso al odio. Dijeron sí al acuerdo, a la convivencia, a las políticas de igualdad y al progreso”, ha apuntado.

Para el PSOE “han pasado seis años desde el 2017” y “el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse”. “Hemos dado pasos importantes estos años y ahora, a pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una situación política y negociada”, ha afirmado el ‘número tres’ de los socialistas. En su opinión, “la oportunidad es real y la voluntad, también. Las urnas nos han dado esa posibilidad y eso es lo que vamos a hacer”.

El acuerdo entre PSOE y Junts busca “construir un futuro”, ha manifestado, “en el que el crecimiento económico y la prosperidad de los ciudadanos marquen el paso de todas las políticas que se apliquen en España”. “Para ello nos comprometemos a hablar y negociar de manera que, durante la próxima legislatura, se den las condiciones de estabilidad para lograr ese objetivo”, ha incidido.

Según Cerdán, “es hora de conceder a la sociedad catalana y a la española un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo y en el que la política sea el marco en el que se resuelvan las diferencias”.

Contenido del acuerdo

En el acuerdo firmado entre PSOE y Junts ambos admiten “sus profundas discrepancias y son conscientes de la complejidad y de  los obstáculos del proceso que se disponen a emprender”. “Por un lado, Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por el otro, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. No obstante, exponen que se pueden alcanzar “acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

“Para la consecución de estos acuerdos”, se detalla en el mismo, “y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por ambos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

Es en ese marco, ambas partes tendrán que acordar “la metodología de la negociación para dotar al proceso de certidumbre”, así como “los contenidos de los acuerdos a negociar”. En este sentido, se recoge que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

Ley de amnistía

Respecto a esto, la ley debe “incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. “En este sentido”, continúa el acuerdo, “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Mediante este pacto, Sánchez contará con los votos de Junts para la investidura. Sin embargo, “la estabilidad” de la legislatura queda “sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos” anteriores.

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