Fachada del Congreso de los Diputados
La Mesa del Congreso ha vetado este martes la tramitación de la proposición de ley registrada por Más País-Equo y Compromís para delimitar la inviolabilidad del Rey acotando los actos que realiza como Jefe del Estado y diferenciándolos de los que hace como “persona privada” y, por tanto, “no inviolable”.
El órgano de gobierno de la Cámara ha frenado la calificación de la iniciativa con el argumento de que al estar la inviolabilidad del Jefe del Estado fijada en la Constitución ha de presentarse una proposición de reforma constitucional para modificarla.
La decisión se ha adoptado con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos ha apoyado su tramitación, alegando que para poner límites a la inviolabilidad basta con una ley orgánica que desarrolle el citado precepto constitucional, según recoge Europa Press.
La iniciativa, bautizada como Ley de Responsabilidad de la Corona, propone que la inviolabilidad del Rey o la Reina alcance exclusivamente a su actividad institucional, es decir, a los actos que necesiten de refrendo, y que ésta se mantenga incluso tras abandonar la titularidad de la Jefatura del Estado. Además, plantea que la responsabilidad derivada de dichos actos recaiga sobre las personas designadas para refrendarlos.
De esta forma, el titular de la Corona sí será “responsable de los actos u omisiones que realice, ya sea a título particular o como miembro de la Familia Real”. En otros de los artículos, la proposición de ley establece que serán las leyes procesales las que determinen qué tribunal o tribunales son los competentes para conocer de los procesos seguidos para determinar la responsabilidad, civil o penal, del Rey o la Reina.
El texto incluye también una disposición que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial regular el aforamiento del Rey y equipararlo al de otras altas instituciones del Estado. En concreto, persigue que sean las Salas de lo Civil y lo Penal del Supremo las que conozcan de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el Rey, la Reina, la Reina consorte, el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o la Reina que hubiera abdicado y su consorte.
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