Prostitución
Esta iniciativa, impulsada por el PNV, nació a raíz del debate surgido en el seno del Congreso durante la tramitación de una ley del PSOE para prohibir esta práctica en el país. Los nacionalistas vascos querían que la Cámara baja realizara, en un periodo de seis meses, un informe sobre este tema con «datos reales y verificables», para ser remitido al Gobierno y que este pueda legislar en consecuencia.
Finalmente, los apoyos a esta propuesta por parte de Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, EH Bildu, Junts y CUP, no han sido suficientes, ya que socialistas, ‘populares’ y Vox se han desmarcado de la misma.
El principal partido en el Gobierno ha argumentado su postura señalando que su formación ya ha tenido un «debate sosegado» interno y tiene su postura clara en este tema. La portavoz del PSOE en este debate, María Guijarro, ha señalado, además, que este estudio no procede ahora, cuando el Congreso tramita ya una ley para prohibir el proxenetismo y el Gobierno trabaja en un proyecto de ley contra la trata.
Mientras el PP ha señalado que ya se han dado debates en las Cortes sobre este tema. La portavoz de Igualdad de los ‘populares’, Marta González, ha explicado que se han hecho en tres ocasiones en legislaturas diferentes y que incluso hay informes de hace nueve meses. La diputada cree que esta iniciativa del PNV busca retrasar de nuevo el debate sobre la prostitución en la Cámara.
Finalmente, Vox se ha opuesto por «dos razones», según ha expuesto su representante en la comisión, Carla Toscano. La primera porque consideran que las labores de una subcomisión son asumibles por la comisión y segundo porque, a su juicio, «no tiene sentido» tratar este tema sin abordar la cuestión de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y la inmigración ilegal.
Mientras se producía este debate en el interior de la Cámara baja, a las puertas del Congreso representantes de la Plataforma SOS Abolición han reclamado a los representantes políticos que no legislen «sin conocer el mundo de las trabajadoras sexuales» y «sin tenerlas a ellas en cuenta».
La secretaria de la entidad, Raquel, ha llamado a las formaciones a «usar la cabeza» y el «sentido común» para «legalizar» a las trabajadoras sexuales y «darles sus derechos». Según ha explicado, los políticos «venden que no van en contra» de ellas, pero después proponen «penalizar a los clientes» o recuperan la tercería locativa, que multa a quienes alquilan locales y pisos para el ejercicio de la prostitución. «Han ampliado tanto el significado de proxeneta que da miedo», ha denunciado.
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