Fachada del Congreso de los Diputados
La propuesta, dirigida a crear un nuevo tributo para complementar el Impuesto sobre Patrimonio y asegurar su aplicación en todas las comunidades en las fortunas más elevadas, ha sido respaldada únicamente por Esquerra Republicana, EH-Bildu, la CUP, Más País-Equo, el BNG y Compromís.
En su defensa de la propuesta, el portavoz fiscal de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha rechazado que la crisis actual pueda paralizar o retrasar la esperada reforma fiscal. «Si acaso, acelerarla», ha reivindicado, tildando de «obsceno» que en el primer año de pandemia un millón de personas cayó por debajo del umbral de carencia material severa –del 4,7% se pasó al 7% de la población, según datos del INE– y que en ese tiempo los 23 grandes milmillonarios españoles aumentaron sus patrimonios un 29%.
Guijarro ha señalado que ese año el gasto social asociado a la pandemia supuso 45.000 millones de euros –21.500 millones en los ERTE– y que, frente a la creciente necesidad de gasto público, ahora con la guerra en Ucrania, la tributación asociada al Patrimonio ha caído un 42% entre 2007 y 2019, pese a que el número de patrimonios por encima de 1,5 millones ha aumentado un 36%.
Sin embargo, su homóloga en el PSOE, Patricia Blanquer, ha criticado que este nuevo impuesto supone una recentralización de esta política tributaria, no consensuada con las comunidades, ha puesto en duda eficacia por «solaparse» con Patrimonio y ha criticado su «enfoque parcial, al margen de la reforma fiscal que debe abordarse en conjunto y con eficacia».
También han señalado que el impuesto se dirige a un hecho imponible ya gravado el PNV y PDeCAT, que rechazan la medida al estar ya el Impuesto sobre Patrimonio. Acusándoles de «electoralismo» y «populismo», el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, ha instado a los ‘morados’ a plantear una reforma de este impuesto, antes que proponer uno nuevo.
Por el PP, Javier Bas ha afeado a Unidas Podemos que la propuesta «excede» las recomendaciones de los expertos pero que tampoco coincide con el propio programa electoral –ha dicho que los tipos en planteados en la ley oscilan entre 3,6% y 5% cuando en el programa se estaban entre el 2% y el 3,5%–.
Para la portavoz fiscal de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, el impuesto sobre grandes fortunas supone «criminalizar determinados niveles de renta» y «demonizar la riqueza», mientras que para su homóloga en Vox, Inés Cañizares, la intención con el nuevo tributo es «atacar a quienes tiene ideas, se esfuerza y decide arriesgar».
«Es muy fácil autorreferenciarse de izquierdas y progresista pero, a la hora de la verdad, hacer política para las élites», ha afeado al PSOE Oskar Matute, de EH-Bildu, que ha reprochado al grupo mayoritario del Gobierno el veto a este impuesto, al igual que lo han hecho desde ERC y Compromís.
«Sorpresa en Las Gaunas», ha abundado Joan Baldoví (Compromís), que ha ironizado con que el PSOE se opusiera a gravar a los grandes patrimonios, mientras que el portavoz fiscal de ERC, Joan Margall, ha advertido al PSOE que «cuando compran el relato de la derecha, les pasan por encima».
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