Tribunal de Cuentas
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha tumbado este jueves, con los votos de PSOE, Unidas Podemos y PP, una iniciativa de Ciudadanos que defendía la conveniencia de exigir responsabilidades políticas a los responsables de los organismos que no cumplan los requerimientos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o las resoluciones judiciales que obliguen al cumplimiento de la ley del mismo nombre.
La iniciativa del partido naranja se ha votado junto al resto de propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos al informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.
Pero la propuesta de los de Inés Arrimadas, se ha topado con rechazo, no sólo del PSOE y Unidas Podemos, sino también del Grupo Popular.
En su propuesta, recogida por Europa Press, Cs planteaba que el Gobierno exigiera «responsabilidades políticas» a las personas responsables de los organismos o entidades «poco transparentes», por ejemplo, cuando sus decisiones sean revocadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por los tribunales, o denunciadas por colectivos de la sociedad civil que trabajen en defensa de la transparencia.
Precisamente, hace unas semanas la Audiencia Nacional instó al Gobierno a informar de los desplazamientos privados del presidente Pedro Sánchez en su avión oficial. En concreto, el tribunal desestimó el recurso con el que el Ejecutivo pretendía no tener que dar cuenta del uso que Sánchez hizo del Falcon que tiene asignado entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2019 para en desplazamientos ajenos a su condición de presidente.
Además, la pasada semana el Consejo de Transparencia ordenó al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.
El órgano encargado de velar por la aplicación de la Ley de Transparencia considera que dar esos nombres no implica vulnerar el derecho a la protección de datos sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes».
En sus propuestas de resolución votadas este jueves, Ciudadanos también reclamaba al Ejecutivo que estableciera un régimen de «efectivo» de sanciones para los casos de incumplimiento «que no dependa de organismos distintos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno».
La formación naranja pedía, asimismo, que se modificara la Ley de Transparencia para que el Consejo pueda «imponer sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de Transparencia» y que se dotara a este órgano de «verdadera independencia» incorporando al mismo miembros de la sociedad civil «en paridad con los actuales componentes sin costes adicionales para el organismo».
Pero ninguna de estas propuestas ha sido aprobada. De hecho, sólo han salido adelante las que llevaban la firma del PSOE en las que se insta al Gobierno a promover el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia, a adecuar la plantilla de funcionarios encargados de la gestión administrativa del Consejo y a incrementar el personal del mismo «en la justa medida y en coherencia con las necesidades generales» del organismo.
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