Rebajas
Esta iniciativa, una proposición de ley remitida por el Parlamento de las Islas Baleares, buscaba recuperar la regulación de las rebajas previa a la liberalización total en 2012 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó en manos de cada comerciante la duración y el momento de las mismas.
Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes de las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición, ambas han rechazado esta propuesta, al igual que Vox y Ciudadanos. El PP, en cambio, ha optado por la abstención. Paradójicamente, la defensa de la iniciativa ha corrido a cargo de tres diputados, dos de los cuales eran diputados del PSOE y del PP.
Durante el debate, ni PSOE ni Unidas Podemos han explicitado su rechazo, si bien han puesto objeciones a la propuesta. El diputado socialista Pere Joan Pons ha defendido que los cambios en el comercio requieren de «soluciones que no son únicas», un «debate amplio» y «de forma poliédrica y sosegada».
Por su parte, Txema Guijarro (Unidas Podemos) ha reconocido cómo la liberalización benefició a las grandes empresas, pero que ahora recuperar la regulación anterior «suena quizás extemporáneo y quizás insuficiente», y ha optado por defender el plan de ayudas directas a los negocios afectados por la pandemia, con condiciones relativas al mantenimiento del despido y las buenas prácticas fiscales.
Ambas formaciones han sumado su voto en contra al de Vox, que ha pedido un turno en contra para enfrentar una iniciativa que, a su juicio, «cercena la libertad de cada comerciante» y se «sazona» con «el intervencionismo de las comunidades autónomas». «Una cosa es que las comunidades existan y otra que rompan la unidad de mercado», ha esgrimido.
En su presentación de la iniciativa, el diputado del PSOE balear Enric Casanovas ha defendido la reforma para «proteger al consumidor» y permitir la convivencia de diferentes modelos comerciales sin «imponer uno sobre otros».
Sebastià Sagreras, del PP balear, ha defendido la desregulación realizada en 2012 como medida para afrontar la entonces crisis económica, pero ahora ha llamado a recuperar los dos períodos tradicionales de rebajas como medida de apoyo al pequeño comercio.
Para Josep Meliá (Pi-Proposta per les Illes Balears, partido impulso de la iniciativa) la desregulación «desorientó al cliente» y reforzó «una posición aún más dominante» de los grandes comercio, ya que solo estas tienen los recursos de publicitar sus ofertas y alargar sus promociones. Por ello, ha pedido «mandar un mensaje de empatía al pequeño comercio» y que las comunidades recuperen su competencia para limitar estos períodos.
El PP ha abogado por una modificación de la regulación del comercio minorista más amplia, recordando la constitucionalidad refrendada por los tribunales de la liberalización y preguntándose qué pasaría con el ‘Black Friday’ si se aprobara la reforma debatida, y Cs, a través de su diputada Mari Carmen Martínez, ha defendido que «una mala regulación», como la que consideran que es esta, «puede dar pie a prácticas en contra de la competencia».
Otras formaciones han respaldado el «fondo» de la iniciativa, como el PNV o Esquerra Republicana, pero también han reconocido dificultades para abordarla. El BNG ha apoyado la reforma, pues la liberalización supuso «legislar a favor de las grandes superficies» mientras que Junts ve necesario recuperar también las competencias en horarios comerciales.
Idoia Sagastizabal, del PNV, ha señalado «la dificultad de limitar los períodos promocionales», al tiempo que Joan Capdevila (ERC) se ha preguntado «¿para qué sirven hoy en día las rebajas?». Asimismo, ha dicho que ve posible «encontrar equilibrio entre comercio de proximidad y electrónico» y a la vez «no creando una selva competitiva».
La iniciativa pretende devolver a las comunidades autónomas su capacidad para establecer períodos de rebajas, dentro de los límites contemplados en la regulación del comercio minorista aprobada en 1996.
Esta normativa establecía dos temporadas anuales de rebajas –una a principios de año y otra en torno al período estival de vacaciones–, con una duración mínima de una semana y máxima de dos meses, a elección de cada comerciante dentro de las fechas concretas y el régimen jurídico que fije cada comunidad competente.
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