Proyecto Castor: la indemnizacion anulada por el TC que nos costará en realidad 4.731 millones

El Tribunal Constitucional acaba de anular el procedimiento por el que se estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas de Castor, entre ellas el grupo ACS presidido por Florentino Pérez. Esta compensación fue abonada en 2013 por el operador del mercado del gas, Enagás, y se tradujo en una deuda del sistema gasista pagada durante 30 años a través del recibo energético de los consumidores. Sumando los intereses de esta deuda, la factura total que deben pagar los ciudadanos alcanza los 4.731 millones de euros, según los cálculos hechos en 2014 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

De esa cantidad, 3.300 millones corresponden, por tanto, a intereses. En 2016, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), los consumidores de gas pagaron en sus recibos más de 80 millones por la deuda asociada a la indemnización por el cierre del almacén subterráneo, de los que más de 57 millones fueron intereses.

En concreto, los 1.350 millones pagados a Escal UGS, la concesionaria del proyecto, participada en un 66,7% por ACS, cuentan con un interés del 4,27%.

Enagás firmó un acuerdo en 2014 con un sindicato de bancos, entre los que se encuentran Santander, Bankia y La Caixa, por el que les cedió los derechos de cobro de la compensación, son por tanto estas entidades las que perciben el dinero pagado por los consumidores en el recibo.

Hace ocho años, gobierno socialista de Zapatero adjudicó a Escal UGS la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural frente a las costas de Castellón. La infraestructura nunca ha llegado a estar oficialmente operativa como almacén. Antes de que pudiera utilizarse como tal, los expertos relacionaron el proyecto con más de 500 que se registraron en 2013 en el entorno de las costas de Vinaròs (Castellón), donde está ubicado. Entonces, el Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Energía, decidió pagar a la concesionaria los 1.350 millones en los que valoró la inversión y realizar al mantenimiento.

A los 4.731 millones que pagan los consumidores de gas, hay que añadir los costes de mantenimiento del almacén del proyecto Castor, que en 2017 superan los 15 millones de euros, según una orden ministerial de finales de diciembre de 2016 en el BOE por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para este año.

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados en la zona. El Tribunal considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”.

El Gobierno defiende el pago de la indemnización pese a su anulación. Asegura que la sentencia no declara “indebido” el pago realizado, sino que lo que cuestiona es el “vehículo normativo empleado”, un decreto ley.

“No concluye en ningún caso que se hubiera producido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado con que la decisión se hubiera aprobado mediante el procedimiento legislativo ordinario de urgencia en vez del Real Decreto-ley”, sostiene el Ministerio de Energía.

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