Propietarios piden construir más y vecinos menos: al Ayuntamiento se le atasca el sureste de Madrid

Seis meses de mesa de negociación han ayudado poco a la reconstrucción del plan de desarrollo con el que el Ayuntamiento quería aunar todos los intereses en el sureste de Madrid. Esta zona era el objeto de un plan de urbanización de unas 102.000 viviendas hasta 2041, heredado desde las alcaldías del PP y que ya sufrió una reforma en 2013 por el propio Gobierno de Ana Botella.

Ahora, tras medio año de debates entre el consistorio y las partes interesadas, las conclusiones del equipo de Desarrollo Urbano Sostenible, liderado por el edil José Manuel Calvo, no han contentado a casi nadie: los propietarios de suelo ven modificaciones “radicales” donde los vecinos encuentran “un número de viviendas desproporcionado”.

El Ayuntamiento ha quedado por tanto en mitad de un sándwich de intereses encontrados para la Estrategia de Desarrollos del Sureste, que debe regular la edificación de suelo en Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros y Ahijones. Los dueños de terreno en la zona creen que las modificaciones “radicales” previstas por el proyecto de Calvo podrían retrasar hasta ocho años el inicio de la construcción de las viviendas de nuevos barrios, según ha transmitido el colectivo a Europa Press.

Para la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el plan de Urbanismo “no supone ni cambios ni mejoras respecto al plan inicial: tanto el coeficiente de edificabilidad como el número viviendas sigue siendo altísimo, irracional, absolutamente desproporcionado para el momento en que vivimos», ha denunciado Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la plataforma.

Los vecinos recuerdan que la propuesta de Calvo sólo disminuye la edificación en 4.000 viviendas, apenas un 4% del total previsto por el plan original y con una superficie urbanizable muy similar, un recorte “ridículo” en palabras de la Federación.

Para los vecinos, las cuestiones que preocupan a los propietarios de suelo son menores en cuanto a la relevancia urbanística y ecológica del plan: “Calvo presentó otros cambios menores, que afectan al diseño de los edificios, a la gestión y a los tiempos de ejecución de las obras, cuestiones irrelevantes en el momento presente, en el que la prioridad no es otra que determinar la magnitud y extensión de la operación”, expresan en un comunicado.

Para los dueños de los terrenos esas modificaciones “radicales” se traducen en retrasos y problemas de acceso a la vivienda, además de pérdida de empleos potenciales con la construcción de miles de viviendas que se construirían en el sur de la capital: sostienen que estos cuatro proyectos urbanísticos pueden generar un total de 965.000 empleos (directos e indirectos), inversiones que superarían los 13.000 millones y la edificación de más de 100.000 viviendas a «precios asequibles», con una parte importante dedicada a planes de vivienda pública.

En cualquier caso, mientras la FRAVM muestra su rechazo frontal, demandando “una reducción drástica del volumen de viviendas con objeto de evitar un nuevo monstruo urbanístico en la ciudad”, los propietarios reivindicaban la «seguridad jurídica» que aporta a su versión la sentencia del Supremo, que avala el diseño de estos ámbitos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En cualquier caso, y aunque los trabajos del equipo de urbanismo no han contentado a la mayoría, fuentes municipales recuerdan que la estrategia presentada el pasado jueves no está cerrada, que se revisará en su conjunto y se propondrán «soluciones particularizadas a cada ámbito».

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