Andoni Ortuzar, presidente del PNV
El Gobierno de Mariano Rajoy ya conoce cuál es el precio que debe pagar si quiere sacar adelante los presupuestos de 2018 con el apoyo del PNV. La transferencia a Euskadi de las competencias de prisiones, la gestión de la Seguridad Social y el Puerto de Bilbao, todas ellas incluidas en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, incluido en la Constitución Española en 1979.
La crisis entre el Gobierno central y la Generalitat, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha dificultado las conversaciones entre el PP y el PNV para negociar los presupuestos de 2018.
Los nacionalistas vascos no quieren romper relaciones con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tal y como verbalizó esta semana Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, dispuesto a sentarse a negociar “mañana mismo” con el equipo de Rajoy.
Sin embargo, la situación en Cataluña – con EH Bildu presionando – consterna a gran parte de su electorado y de sus bases, que no entenderían apoyar las cuentas del Gobierno del PP a menos que éstas incluyeran demandas históricas de los gobiernos de Ajuria Enea.
En ese sentido, las peticiones del PNV que facilitarían el sí a los presupuestos son la transferencia al País Vasco de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía. Las más significativas, las prisiones vascas y la creación de una Seguridad Social propia.
“Seguimos expresando nuestra disposición a sentarnos inmediatamente con todo aquel que pueda desbloquear los mecanismos que hasta ahora han impedido la materialización de las transferencias que permitirían concretar el Estatuto”, asegura Erkoreka.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera que el Gobierno central tiene “una deuda histórica con Euskadi” y sitúa en 37 las competencias que quedan todavía pendientes de transferir al País Vasco.
El PNV valora el gesto del Cristóbal Montoro de impulsar la reforma del Concierto Económico y la nueva Ley del Cupo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, considera que no es suficiente para conseguir su apoyo. El sí a las cuentas pasa por satisfacer algunas de las demandas lanzadas desde el Parlamento Vasco.
La semana pasada, la cámara de Vitoria instó al Gobierno Vasco y al Gobierno español a que inicien, “en el plazo más breve posible”, una negociación para acordar la transferencia a Euskadi de la competencia penitenciaria. Todos los partidos, menos el PP, apoyaron esta proposición.
Por su parte, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, aseguró este miércoles que la transferencia de la gestión del Puerto de Bilbao es otra de las prioritarias de la lista que el Gobierno vasco reclama al central para poder completar el Estatuto.
“El Gobierno central sabe cuál es nuestra lectura de la parte incumplida del Estatuto, y conoce cuáles son nuestras prioridades”, resume Erkoreka, que pasa ‘la pelota’ a La Moncloa.
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