La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado este martes la primera condena a nueve inmigrantes subsaharianos, quienes afrontarán una pena de un año y seis meses de prisión, por organizar y planear el pasado 26 julio de 2018 un salto masivo a la valla de Ceuta el pasado en el que resultaron heridos leves 18 guardias civiles y que provocó la entrada ilegal de 602 personas.
El tribunal considera demostrado que los migrantes son responsables de un delito de desórdenes públicos, de dieciocho delitos de lesiones leves y de un delito de daños, según la sentencia.
El presidente de la Sala se ha opuesto a la no ejecución de las penas, por lo que los condenados deberán ingresar en prisión, aunque lo harán cuando se resuelvan los recursos contra el fallo que van a presentar sus abogadas.
El juicio sentaba por primera vez en el banquillo a un grupo de inmigrantes subsaharianos que estaban acusados de haber planificado un salto a la valla que separa Ceuta de Marruecos el 26 de julio de 2018 y que provocó la entrada ilegal en el territorio nacional de 602 personas.
El escrito de acusación afirma que los acusados habían «planeado y organizado» el salto con la «preparación de objetos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes de humo con cal viva y heces».
Los inmigrantes actuaron «perfectamente organizados y coordinados» por dos cabecillas -sentados en el banquillo de los acusados- y que dividieron a los inmigrantes en otros tres subgrupos que eran liderados por los otros siete acusados.
“Los acusados dieron las directrices de utilizar la violencia contra los guardias civiles para evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros, utilizando elementos peligrosos como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos».
Durante el asalto a la valla 18 guardias civiles resultaron heridos de carácter leve.
Según la sentencia, dictada “in voce”, los inmigrantes han sido condenados a un año de prisión por un delito de daños y una multa de 3 euros diarios durante 12 meses, a otros seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y a un mes de multa a 3 euros diarios por 18 delitos leves de lesiones.
Asimismo, los inmigrantes tendrán que hacer frente al pago de 10.511 euros al Estado español como consecuencia de la reparación del vallado fronterizo dañado, a 3.670,92 euros a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños sufridos en un vehículo y en los uniformes de los agentes y a otros 495 euros a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta por la rotura de un terminal.
El presidente de la Audiencia se ha opuesto a suspender el ingreso en la prisión por la “ineficacia” que ello supondría, entre otras razones por la “falta de arraigo” de los condenados.
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