La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, interviene en Les Corts | Foto de la Generalitat Valenciana
El temporal que azotó la Comunidad Valenciana aquel día dejó 229 víctimas mortales y abrió una investigación judicial por presunta negligencia en la gestión de la alerta. Pradas, investigada junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, entregó a la magistrada un listado notarial de sus llamadas con Mazón que revela una comunicación intermitente durante la tarde crítica.
Según ese documento, el primer contacto entre ambos se produjo a las 17:37 horas y duró dos minutos. Hubo nuevas comunicaciones hasta las 18:30, pero a las 19:10 y 19:36 Pradas volvió a llamar sin obtener respuesta. A las 19:43, Mazón devolvió la llamada y hablaron 48 segundos. A las 20:10, la exconsellera volvió a marcarle, un minuto antes del envío del ES-Alert, que finalmente se emitió a las 20:11 horas.
| Hora | Emisor | Receptor | Duración | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 17:37 | Mazón | Pradas | 2 min | Primera conversación registrada |
| 18:00–18:30 | Varios contactos | — | — | Comunicación habitual según Pradas |
| 19:10 | Pradas | Mazón | — | Sin respuesta |
| 19:36 | Pradas | Mazón | — | Sin respuesta |
| 19:43 | Mazón | Pradas | 48 seg | Devuelve la llamada |
| 20:10 | Pradas | Mazón | — | Minuto previo al envío del ES-Alert |
Pradas asegura que Mazón no respondió a dos llamadas clave antes del aviso que pudo salvar vidas
Durante su declaración, Pradas explicó que no aguardó instrucciones del presidente porque el Cecopi debía actuar con autonomía técnica. “Le informé de todo lo que estaba pasando, pero había que decidir sin demora”, sostuvo ante la jueza. Añadió que el sistema ES-Alert “estaba en pruebas” y que en aquel momento no disponían de todos los datos meteorológicos ni técnicos.
Su testimonio contrasta con versiones que apuntan a que la Generalitat tardó más de tres horas en aprobar la alerta, pese a que los técnicos ya la habían planteado sobre las 17 h.
El Juzgado de Instrucción n.º 3 de Catarroja mantiene imputados a Pradas y a Argüeso por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La magistrada intenta establecer si el retraso en el envío del ES-Alert —que debía avisar a toda la población de riesgo— fue consecuencia de errores técnicos o de decisiones políticas.
Los investigadores han pedido a la AEMET y al 112 Comunitat Valenciana todos los registros de llamadas y comunicaciones internas para reconstruir la secuencia de órdenes en el Cecopi.
El sumario examina si la falta de respuesta de Mazón agravó el retraso en la alerta a la población
La catástrofe de la Dana evidenció las carencias del sistema valenciano de emergencias y ha reabierto el debate sobre la responsabilidad política en situaciones extremas. La justicia deberá determinar si la demora en las comunicaciones y la tardía emisión del ES-Alert contribuyeron a ampliar el balance mortal de una de las mayores tragedias naturales de las últimas décadas en España.
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