El líder del PP, Pablo Casado, junto al secretario general del partido, Teodoro García Egea, en la reunión telemática con el grupo parlamentario popular
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para racionalizar la Administración del Estado en la que reclama a Pedro Sánchez que adelgace su Consejo de Ministros reduciendo ministerios y asesores, y que destine el ahorro presupuestario generado a programas vinculados a la lucha contra el Coronavirus.
Concretamente, plantea que Sánchez que reduzca el número de Vicepresidencias y unifique los Ministerios cuyas competencias fueron artificialmente repartidas sin excesivo sentido por su acuerdo de gobierno con Podemos (caso de Trabajo y Seguridad Social, Sanidad y Consumo, Educación, Ciencia y Universidades).
Además, y mientras dure la crisis, insta al Ejecutivo a que suprima todos los puestos de trabajo del personal eventual no funcionario que presta su actividad al servicio de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. En el caso de asesores eventuales no funcionarios que trabajen en el Gabinete del presidente del Gobierno la reducción planteada es del 50%. Finalmente, la Proposición subraya que los recursos presupuestarios librados como consecuencia de la reducción planteada deberían ser destinados a gastos vinculados a la lucha contra la pandemia COVID-19.
En la exposición de motivos de dicha iniciativa se recuerda que «cuando el PP ganó las elecciones de 2011, el panorama que se encontró tras la segunda legislatura de Zapatero fue desolador: se habían cerrado 222.000 pequeñas y medianas empresas, 250.000 autónomos perdieron sus negocios, más de 3,5 millones de españoles perdieron su empleo y había una deuda comercial (facturas sin pagar) por valor de 82.000 millones de euros, de las cuales 16.000 millones correspondían a deudas con proveedores del sistema sanitario y 24.434 millones a deudas con Corporaciones Locales».
Además, añade que «la necesidad de racionalizar los recursos públicos comenzó por el propio Gobierno». «Mariano Rajoy redujo las Vicepresidencias de 2 a 1, el número de Ministerios de 15 a 13, limitó el número de asesores por ministro y secretario de Estado, y exigió que éstos se cubrieran mayoritariamente por funcionarios», remarca.
Según señala la iniciativa, «en junio de 2018 la España que heredó Sánchez poco tenía que ver con aquella de 2011. En ese período se habían creado 138.000 pequeñas y medianas empresas, 190.000 autónomos habían emprendido nuevos negocios, se crearon casi 1,7 millones de empleos, se pagaron todas las facturas que habían dejado pendientes y se redujo el déficit público desde el 9,6% en 2011 al 3,1% en 2017, más de 65.000 millones de euros sin afectar al Estado del Bienestar (de hecho, el gasto social sin prestaciones aumentó en 26.000 millones en ese mismo período)».
Quizá animado por esa bonanza, indica dicha Proposición, «el primer Gobierno de Sánchez aumentó su estructura, pasando de 13 Ministerios a 16, manteniendo una Vicepresidencia». «Mucho más escandaloso fue el aumento del gasto del Gobierno en la legislatura actual, sobre todo porque ya había claros indicios de desaceleración económica: se había revisado 3 veces a la baja el crecimiento económico en los últimos 6 meses, había aumentado el déficit público por primera vez desde la crisis, la matriculación de automóviles cayó un -6,8% los dos primeros meses del año y se destruyeron 244.000 empleos en el peor enero en una década», recalca el GPP.
A pesar de ello, «el Gobierno pasó de una Vicepresidencia a 4, y de 16 ministros a 18, con todo lo que ello supone de estructura: 30 Secretarios de Estado, 50 Subsecretarios, 54 Directores de Gabinete, 135 Directores Generales, 21 Secretarios Generales Técnicos y cerca de 250 Asesores (casi un 40% más que con el último gobierno de Rajoy)».
Los populares destacan que «los primeros datos económicos conocidos tras decretarse el estado de alarma son demoledores y auguran una recesión económica mucho más profunda que la vivida en 2009: al desplome del -70% de la matriculación de automóviles, le siguió el dato de destrucción de casi 900.000 empleos desde la declaración del estado de alarma». «A lo que hay que añadir que, a 6 de abril, hay solicitados 474.000 ERTEs que afectan a 2,7 millones de trabajadores», subraya.
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