La exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí, que prevé entregarse a las autoridades escocesas este miércoles a raíz de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo, ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo en Internet para lograr de forma “urgente” fondos para sufragar su defensa.
Lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje de Twitter recogido por Europa Press en el que ha explicado que durante la mañana de este miércoles acudirá a una comisaría con su abogado: “Seré detenida y llevada a los tribunales mientras España intenta extraditarme”.
La campaña de ‘crowdfunding’, iniciada en el portal CrowdJustice, tiene como objetivo lograr 40.000 libras esterlinas -unos 45.485 euros- para sufragar los gastos de su defensa, que asegura que no puede asumir ella sola.
https://twitter.com/ClaraPonsati/status/978889074953121792?ref_src=twsrc%5Etfw
“Siempre es difícil estimar los costes de un caso de extradición internacional complejo, pero sé que los costes de enfrentarse al Estado español serán considerables durante varios meses”, ha argumentado Ponsatí, que viajó a Bélgica junto con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y que luego se trasladó a Reino Unido, donde ejerce de profesora en la Universidad de Saint Andrews.
Asegura que tiene intención de oponerse a la extraditación “firmemente” y agradece el apoyo recibido por parte de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y de varios políticos de formaciones diversas.
Ponsatí, que se define como una”xconsellera del Govern catalán ahora en el exilio tras el referéndum de octubre de 2017”, afirma que no ha cometido nunca ningún delito y que lo que hizo fue promover una votación pacífica y democrática incluida ahora en una causa por presunta sedición y rebelión.
Critica que “no hay ninguna garantía de un juicio justo en España” y lamenta que miembros del Govern cesado ya se encuentran en prisión preventiva por orden del magistrado Pablo Llarena.
“Si regreso, creo que es probable que acabe sujeta al trato degradante e inhumano de las autoridades” por la forma de actuar del Gobierno español, arguye.
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