Audiencia Nacional
En un auto, recogido por Europa Press, el propio Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, impone al empresario la obligación de «fijar domicilio a efecto de notificaciones, comunicar al juzgado cualquier cambio del mismo y facilitar un teléfono para estar siempre localizado».
Además, el magistrado fija la obligación de comparecer semanalmente «mientras se sustancia el presente expediente ante el juzgado, así como cuantas veces fuere llamado» por el mismo. Asimismo, el instructor le prohíbe la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial.
Por último, el magistrado le advierte de que «el incumplimiento de estas medidas cautelares podría dar lugar a la agravación de las mismas, pudiendo llegar a decretarse nuevamente su prisión provisional».
En este caso, al estar la causa secreta y no concurrir acusaciones, excepto la de la Fiscalía Anticorrupción, el juez recuerda que si el fiscal y su defensa han solicitado la libertad no tiene otra opción que acordarla.
El propio Ministerio Público ha asegurado a través de una nota de prensa que ha solicitado la puesta en libertad de De Aldama «atendiendo exclusivamente al expreso reconocimiento que el investigado ha hecho de los delitos que se le imputan, a la aclaración de su mecánica comisiva y a haber incluso reconocido la comisión de nuevos delitos, sin que en esta decisión la Fiscalía haya valorado otros aspectos de su declaración».
«La confesión de los delitos coloca al investigado en una nueva situación, que desvirtúa uno de los motivos que determinaron la prisión –la destrucción de pruebas– y atenúa el otro –el riesgo de fuga–, que se conjura eficazmente con las medidas cautelares que ha solicitado el fiscal: la prohibición de salida del territorio nacional, con la retirada del pasaporte y la obligación apud acta de comparecer semanalmente ante el juzgado», ha explicado la Fiscalía.
Por su parte, la defensa del empresario aseguró este mismo jueves que ante el juez del ‘caso Koldo’ De Aldama «ha facilitado datos relevantes tanto para el esclarecimiento de los hechos investigados» tanto en esa causa como en la del presunto fraude de los hidrocarburos, «habiendo manifestado su plena disposición a seguir cooperando con la Administración de Justicia y estando dispuesto a comparecer cuantas veces sea llamado y prestar declaración a las preguntas que le pudieran ser formuladas tanto por el magistrado como por el fiscal».
«Parece evidente que los riesgos y motivos que llevaron a acordar la medida de prisión provisional respecto de Víctor de Aldama han quedado muy atenuados, es por ello que se considera procedente acceder a la petición planteada, debiendo acordarse su libertad provisional con prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales ante el juzgado», detallaban en su escrito, por el que solicitaron la libertad de su patrocinado.
El juez Pedraz ha tomado esta medida a última hora de este jueves, y tan solo unos instantes después de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitase la puesta en libertad de De Aldama. Aunque su declaración de este mismo jueves se enmarque en el ‘caso Koldo’, que instruye el magistrado Ismael Moreno, fue el juez Pedraz el que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto fraude de hidrocarburos.
Fue el pasado 10 de octubre cuando el juez Pedraz ordenó el ingreso de Aldama en prisión provisional por la gravedad del delito, con la pena que en su caso pudiera imponerse, lo que –indicó– podría llevar al empresario a eludir la acción de la justicia. El magistrado investiga al empresario por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, junto a su socio, Claudio Rivas, y presuntos cooperadores y testaferros
Aldama recurrió, pero tanto Pedraz como la Sala de lo Penal de la AN ratificaron que debía permanecer encarcelado. La Sala apreció que concurrían dos de los fines que la ley contempla para legitimar la prisión provisional acordada por el instructor: riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.
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